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Año de Hidalgo, le cae al que diga algo

“La sucesión presidencial con su parafernalia de campañas anticipadas estará presente a lo largo de este año”. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

En preparación para un aterrizaje que se anticipa complicado, el gobierno de López Obrador no quiere dejar resquicio alguno por donde pueda salir información de los errores, abusos y excesos cometidos durante su administración y está cerrando todo camino a la transparencia y el acceso a la información pública. Lo hace porque puede, sin duda, y lo hace porque como hombre de poder cree más en su causa, en su papel histórico, que en los derechos ciudadanos. No les bastó con dejar inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) sino que impidieron burdamente el nombramiento de un consejero para que pudiera el instituto pudiera funcionar. No contentos con ello preparan una ley para desaparecer al INAI y aprobaron ya en la Cámara de Diputados una ley para que sea la Secretaría de la Función Pública quien concentre las compras, algo tan absurdo como poner al árbitro a tirar el penal para asegurar que no marque ninguna falta en la ejecución.

La regresión democrática en materia de información pública y compras de gobierno no es menor. Se trata de medidas de cierre de información que nos regresan a los años ochenta, a las épocas del control político de un solo partido y la más absoluta arbitrariedad gubernamental. En el mundo ideal de la 4T como lo llamó el secretario de Gobernación Adán Augusto López (aunque él dice que no dijo lo que se escucha que dijo) el gobierno gasta, se auto vigila, se auto regula y los ciudadanos no tenemos derecho a saber de manera directa qué está pasando con nuestro dinero. En el mundo ideal, dejar inoperante al INAI o incluso proponer su desaparición, como lo hizo el senador Alejandro Armenta, no tiene más objetivo que controlar la información de cara el proceso electoral.

El famoso ahorro de los mil millones con la desaparición del INAI es solo una excusa, bastante mala, por cierto, para la opacidad pues tan solo de Segalmex hay 15 mil millones desfalcados. Si nos enteramos de ese desfalco no fue por la gran acción de la secretaría de la Función Pública, mucho menos por el “ejercicio de transparencia” de las mañaneras, fue por trabajos periodísticas basados en documentos obtenidos por los mecanismos de acceso a la información pública.

Una buena parte de la corrupción gubernamental de este gobierno, como de los anteriores, se va a la operación político electoral. Si Morena está cerrando los caminos a la información es porque sabe muy bien que los programas sociales no solo han sido mal operados, sino que mucho de ese dinero que debería servir para sacar de la pobreza a los más necesitados ha terminado en campañas y precampañas. Para López Obrador lo único importante es asegurar que su partido se mantenga en el poder. Para ello hay que destruir la escalera, las instituciones que le permitieron a él llegar a la presidencia.

Es el año de Hidalgo, le cae al que diga algo.

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