El sistema de testigos protegidos inició en 1971, y desde entonces ha integrado a más de 19 mil colaboradores tanto de la DEA, el FBI y la CIA, en su afán por desmantelar redes criminales, incluyendo grupos terroristas, de narcotráfico y de tráfico de blancas.
Por Miguel Ángel Vega
Sinaloa, 17 de diciembre (Río Doce).– La lista parece interminable; Dámaso López Nuñez, el Licenciado, Reynaldo, el “Rey Zambada García”, Lucero Guadalupe Sánchez López la “Chapodiputada“, Édgar Valdez Villarreal, “la Barbie“, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, el “Chino Ántrax”, Heriberto Zazueta Godoy, el “Capi Beto”, Damaso López Serrano, el “Minilic“, Humberto Loya Castro…
Todos ellos integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, quienes después de tener todo lujo imaginable y en casi todos los casos, un gran poder, fueron arrestados y extraditados y, al saberse perdidos, decidieron negociar con la DEA con tal de ganar unos años más de libertad a cambio de no pasar el resto de sus vidas en una prisión de máxima seguridad.
El precio sin embargo tendría un costo muy alto, pues integrarse al programa de testigos protegidos, era también renunciar a la poca libertad que tuvieran en la prisión, de interactuar con otros presos y compartir un comedor con otros reos, pues no hay odio más grande que un reo puede tener en una prisión en Estados Unidos, que saber que alguno de sus compañeros colabora con el Gobierno de los Estados Unidos.
De acuerdo a una conversación telefónica que Ríodoce sostuvo con un alguacil estadounidense, los llamados US Marshals, cuando un reo sabe que colabora con el Gobierno, lo matan.
Explica: “es una ley no inscrita, pues no enfrentas tu realidad como hombre, y no hay nada peor que tener una rata por compañero, pues se sabe que esa persona es un traidor que terminará revelando nombres, lugares, y cómo opera la organización criminal a la que pertenece”.
“Es por ello que, cuando un presidiario acuerda negociar con los fiscales del caso, rápido lo sacan de la prisión y lo reubican en una cárcel especial, pero también le cambian de nombre, para que nadie sepa donde está, y es por ello que cuando lo tratas de ubicar en el sistema del Buró de Prisiones de Estados Unidos, no lo encuentras, y simplemente lees que no está en su poder; sí está, pero con un nombre diferente, y en unas prisiones especiales donde no tienen contacto con absolutamente nadie”, explicó el alguacil, quien accedió a hablar con este semanario bajo la condición de que no se revelará su nombre.
SIETE DESTINOS
Según el Alguacil contactado para esta nota, información que a su vez fue corroborada por un agente del FBI retirado, la negociación inicia cuando el detenido oferta a su abogado información que aparentemente puede servir para llegar a un capo y así pueda desmantelarse una organización criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa.
“Si los fiscales consideran que la información es veraz y puede servir como guía para arrestar a un narcotraficante de alto nivel, se inicia un proceso muy largo, que incluye que le hagan pruebas de polígrafo, que lo analice un psicólogo, que comprueben datos iniciales que él pueda proporcionar; y una vez que los fiscales determinan que la información es real, se solicita a un Juez que el presidiario sea reubicado, y se le cambie la identidad”, explicó el agente estadounidense.
Según información del Gobierno de Estados Unidos, existen siete prisiones en ese país que encarcelan a los testigos protegidos, pero el encierro es quizás de los más atroces, porque el colaborador tiene prohibido hablar con amigos, conocidos y familiares, y sólo se les permite salir a caminar una hora al día, pero solos, y mantienen comunicación con su abogado y con algunos de sus familiares, con quienes hablan a través de un sistema de comunicación muy sofisticado, porque no sólo el testigo protegido está en peligro, sino que también su familia puede estarlo.
“Le cambia la vida, porque a partir de ese momento ya no puede interactuar con nadie, ya no convive con otros reos, ya no come junto con el resto de los reos, y la interacción con los custodios es muy limitada, lo cual se hace por seguridad, porque cuando sepan que ese presidiario es un colaborador, lo van a matar. Sólo hay dos presidiarios que todo mundo quiere matar: los testigos protegidos y los violadores de niños; cuando alguien está en prisión por esos delitos, es un hombre muerto caminando, como se les llama; por eso nuestra labor es protegerlos y para ello, tenemos que reubicarlos”, explicó el agente federal.
–¿Es real que un testigo protegido se le reubique en casas de seguridad con un brazalete en el tobillo?
–¡Es un mito! Porque el sistema penitenciario permitiría que un criminal, considerado de la más alta peligrosidad, estuviera sólo en un domicilio. ¡Cortaría el brazalete! Todos esos criminales están en prisiones de máxima seguridad, y todos monitoreados las 24 horas del día, y completamente incomunicados, es como cuando no aparecen en el sistema penitenciario, no significa que estén libres, sino que como digo, se les cambió la identidad y se les reubicó.
–¿Por eso los testigos protegidos que testificaron contra Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán no aparecen en el sistema del Buró Federal de Prisiones?, se le cuestiona.
–Exacto. Se les reubicó desde el momento mismo que dijeron que testificarían contra el Chapo, y entonces se procedió a cambiarles de nombre para que no los pudieran localizar. Y por ese motivo no se revela su nueva identidad ni su ubicación, porque si el Buró de Prisiones lo hace, son hombres muertos. Hay casos en donde logran la libertad, pero una vez que cumplen su condena, no antes.
O TE MATAN AFUERA O TE MATAN ADENTRO
El caso de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, el “Chino Ántrax”, se contrapone a lo que el Alguacil dice, pues según trascendió en medios internaciones, el narcotraficante se habría fugado de una casa donde purgaba un arresto domiciliario.
La información que entonces trascendió es que, en mayo de 2020, un Juez federal del sur de California accedió a la petición de los abogados para que los últimos cinco años de su condena, los cumpliera en arresto domiciliario, en un domicilio de San Diego.
Pocos días después el día 6 de mayo de ese mismo año, el “Chino” se fugó del lugar, y a los pocos días, apareció en Culiacán.
Fuentes de Ríodoce dijeron que, cuando llegó a la capital sinaloense, pidió verse con Ismael el Mayo Zambada para reiniciar su negocio. Pero nadie lo llevaría con su antiguo patrón. “El Chino” insistió, pero las puertas parecían cerradas. Desesperado, se fue a la comunidad Agua Caliente, al norte de Culiacán, para solicitarle al Ruso, que le consiguiera una audiencia con el Mayo, porque era importante.
“Lo revisaron, y le pasaron un scanner, y dicen que le detectaron un chip de localización, y ahí supieron que venía cableado y que tal vez había negociado con el Gobierno de Estados Unidos la entrega del Mayo, a cambio de su libertad”, señaló la fuente.
Un par de días más tarde, el 16 de mayo de 2020, el “Chino Ántrax” fue asesinado a balazos en Culiacán.
El Alguacil entrevistado dijo desconocer el caso del “Chino Ántrax”, pero consideró ridículo que les otorgaran prisión domiciliaria y que sólo portara un brazalete en el tobillo.
“Sí existe eso del brazalete, pero sólo en delitos menores, no con criminales que son considerados los más peligrosos del mundo”, observó.
La observación del Alguacil habría de desmitificar la “desaparición”, de narcotraficantes del Cártel de Sinaloa que, aunque no aparecen con sus nombres reales en el sistema del Buró de Prisiones, están prisioneros revelando información al Gobierno de Estados Unidos.
El sistema de testigos protegidos inició en 1971, y desde entonces ha integrado a más de 19 mil colaboradores tanto de la DEA, el FBI y la CIA, en su afán por desmantelar redes criminales, incluyendo grupos terroristas, de narcotráfico y de tráfico de blancas.
El programa abarca también a la familia del colaborador, a cuyos miembros se les reubica con nuevos nombres, y en algunos casos, sólo se les permite mantener el nombre de pila.
Cuando se trata de ciudadanos mexicanos, las autoridades no los mandan en lo inmediato a México, sino que los mantienen en Estados Unidos por temor a que los maten, aunque depende del acuerdo que el acusado haya hecho con el Gobierno de Estados Unidos.
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