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FGJ-CdMx: Catean nueve domicilios de la capital ligados a red del Cártel Inmobiliario

Seis domicilios cateados son de la colonia Santa Cruz Atoyac, dos en la colonia Xoco y uno en la colonia del Valle; su propósito fue la “búsqueda y localización de objetos” que permitan la acreditación del cumplimiento del delito señalado.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Nueve inmuebles fueron cateados por su presunta vinculación con la red de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez conocida como “Cártel Inmobiliario”, informó esta tarde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, emitió un mensaje este viernes para comentar los casos de cateo realizados dentro de la demarcación de la CdMx con el fin de integrar dichas indagatorias a la carpeta de investigación correspondiente a este caso que ha involucrado a varios funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), como Christian Von Roehrich, Santiago Taboada —actual Alcalde de Benito Juárez— y el Diputado Jorge Romero Herrera, entre otros.

“Un grupo de personas morales posiblemente incrementaron sus patrimonio a partir de la adquisición de bienes a su nombre, de los que se conducían como dueñas con personas físicas. Dicho incremento patrimonial posiblemente no podría justificarse y se encuentra relacionado con investigaciones de actos cometidos por servidores públicos”, explicó en un video.

Dos inmuebles en la colonia Xoco fueron cateados por elementos de la Policía de Investigación. Foto: Captura de pantalla.

Es por ello que la representación social de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó ante un Juez de control las órdenes de cateo para seis domicilios localizados en la colonia Santa Cruz Atoyac, dos en la colonia Xoco y otro en la colonia Del Valle.

Al ser otorgadas por el Juez, detectives de la Policía de Investigación, en coordinación con el Ministerio Público (MP) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, acudieron a dichos inmuebles para efectuar la búsqueda correspondiente de artículos que permitan acreditar el presunto cumplimiento del delito señalado.

Las diligencias obedecieron al propósito de “búsqueda y localización de objetos, productos o instrumentos relacionados con la carpeta de investigación, tales como documentos, vehículos, numerario, libros, libertas, computadoras, dispositivos electrónicos, registros y otros” más, puntualizó Ulises Lara.

El comunicado concluyó que aquellas personas mencionadas en el mensaje emitido serán tratadas bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario.

Por el caso del Cártel Inmobiliario, seis servidores públicos han sido detenidos: Christian Von Roehrich de la Isla, exdelegado de la Benito Juárez, así como si hermana Sofía “N” y otro empresario de nombre Roberto “N”, mientras que otros cuatro están en calidad de evadidos, indicó en entrevista con SinEmbargo el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Además está el caso de un exfuncionario detenido por enriquecimiento ilícito cuyo papel en esta trama ha sido investigado.

Christian Von Roehrich se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Norte, misma figura que fue aplicada a Adelaida “N”, exdirectora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el actual Gobierno de Santiago Taboada. La Fiscalía también detuvo a la hermana del exalcalde Sofía “N” y al exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Nicias Aridjis Vázquez, quien se desempeñó en el cargo a lo largo de cuatro administraciones que incluyen los gobiernos de Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Ambos están en prisión domiciliaria.

Además han sido detenidos Ismael Isauro Chalico García, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Director General de Administración; José Ramón “N”, supervisor de trabajos de la Alcaldía, Alejandro “N”, extrabajador de la demarcación, y el empresario Roberto “N”. Se encuentran evadidos Victor Mendoza, Director de planeación, Emilio Sordo, Director de Desarrollo Urbano; y Elvia “N” y César “N”, este último trabajador por honorarios. De igual forma ha sido detenido por enriquecimiento ilícito Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, cuyo papel en la trama, según se ha informado, estaba bajo investigación.

“Tenemos, además, a otros más que están señalados, que era el director de Participación Ciudadana, el Director de Servicios Urbanos, la directora de Planeación y dos personas más que hacían las veces de gestores [de las cuales una ya fue detenida]”, expuso Lara. “¿Van a aparecer más personas vinculadas? Es probable que sí, que vamos a tener otros empresarios, porque hemos estado investigando más de 130 inmuebles”.

“Es probable que tengamos que seguir la ruta del dinero y encontrar esos vínculos [entre empresarios, exfuncionarios y sus allegados], y por eso, lo quería señalar, lo que se nos está abriendo es otra posibilidad con los funcionarios hacia otro tipo de operaciones de mayor envergadura, y si hablamos de esto entonces es probable que tengamos que pedir la intervención de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan llevar este tema a sus consecuencias”.

El Vocero explicó que, en caso de hallarse una relación entre los administradores de las empresas involucradas, los funcionarios y personas cercanas a ellos, tendrá que comprobarse que se trata de probable lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues al momento se han observado intercambios y movimientos con grandes sumas de dinero que han despertado el interés de la Fiscalía.

“Si hay estos vínculos pues tendrá que probarse, pero lo que sí puedo decir es que nace de esta investigación, de la investigación de empresas de operaciones que hicieron ellos de estos intercambios y de estos movimientos, así que para nosotros no está sino apenas encontrándose un hilo de una madeja, quizás mucho más grande”.

Además de los funcionarios de la demarcación, apuntó Lara, actualmente se están entablando diálogos con servidores públicos de otras instancias para determinar posibles responsabilidades en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC) y las notarías que participaron.

— Con información de Tamara Mares Rivera

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