El 2 de octubre pasado, una investigación de las organizaciones R3D, Social TIC y Artículo 19 en conjunto con los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, reveló que dos periodistas y un defensor de derechos humanos habían sido espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, en el contexto de investigaciones a violaciones graves a derechos humanos cometidos por el Ejército.
La víctimas fueron el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político. Dicho espionaje fue comprobado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense de los equipos.
La investigación, retomando datos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, demostró que la Sedena había hecho un contrato para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’” en 2019.
El 5 de octubre, ante los cuestionamientos de la prensa, el Presidente López Obrador ordenó que se entregara toda la información sobre esos contratos. Sin embargo, esa misma noche, Sedena negó la existencia de los contratos mediante un comunicado. Es decir, caminaba como pato y graznaba como pato pero Sedena dijo que era búho.
Ante ello la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) solicitó vía transparencia los contratos. Ante la negativa de entregarlos, promovió un recurso de revisión (RRA 20263/22) ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (INAI). Durante el procedimiento, R3D aportó como prueba diversos documentos internos de la Sedena, obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En efecto, R3D tuvo en su poder un oficio dirigido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual la propia Sedena corrobora la celebración del contrato con Comercializadora Anstua, vigente del 12 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019, mientras que en una nota informativa incluyó la relación de pagos por el sistema por un monto total de más de 139 millones de pesos.
La ASF trataba de comprobar que no hubiese alguna irregularidad en la contratación, por lo que le solicitó al Ejército “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”. La información deriva de un oficio suscrito por coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, el 4 de agosto de 2021. No importando eso, la Sedena negó la existencia de los contratos a la organización solicitante.
Ante tan contundente evidencia, el INAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar una búsqueda exhaustiva y entregar toda la información relativa a los contratos celebrados entre la dependencia con Comercializadora Antsua, empresa proveedora exclusiva del malware Pegasus.
A partir de la evidencia acumulada, el INAI consideró que la Sedena incumplió sus obligaciones de transparencia, por lo que el 25 de enero de 2023 ordenó a todas las unidades administrativas competentes de la dependencia hacer una nueva búsqueda y entregar toda la información relacionada, incluyendo solicitudes de contratación, opinión técnica, contratos, anexos técnicos, dictámenes, facturas, comprobantes de pago, entre otros.
“El actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida”, dijo la Comisionada a ponente del caso, Josefina Román. Consideró relevante la entrega de los contratos debido a que transparentaría el ejercicio de recursos públicos. Pero también destacó que “quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.
¿Qué pasa con el Ejército? ¿Está por encima de la Ley? ¿Desobedece abiertamente al Presidente, su comandante supremo? Todo parece indicar que sí. La evidencia arroja que el Ejército siguió espiando pese que el Jefe de Estado dijo que ya no hay “pájaros en el alambre” en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Ahora hay pruebas contundentes e irrefutables de que mienten al Presidente, ocultan información a la sociedad y violan la Ley.
No es un caso aislado, es sistémico. El Ejército y la Marina configuraron su arreglo político con el poder civil consolidando su autonomía de facto. En menudo problema nos ha metido el Gobierno al incrementar de forma exponencial el poder del Ejército sin esbozar un mínimo contrapeso. Más presupuesto y más funciones públicas para una institución que no rinde cuentas pone en riesgo nuestra democracia incipiente.
Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.