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Una concesión pactada – Mancera heredó a Sheinbaum un plan de taxímetros digitales plagado de irregularidades

El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de Movilidad dirigida por su operador político, Héctor Serrano, heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una “concesión pactada” con la empresa Lusad para instalar los taxímetros digitales “L1BRE”, por lo que ahora la Secretaría de Economía cumple este mayo tres años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos iniciado por dos hombres acusados de estafadores. Esta es la historia.

PARTE UNO

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– El exdiputado del Partido Verde (PVEM) Santiago León Aveleyra, acusado de ser un estafador, se reunió en el segundo semestre de 2015 con Héctor Serrano Cortés, el Secretario de Movilidad y operador político del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Al mostrarle la aplicación Taxinet de Ecuador, le vendió la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de 140 mil taxis de la Ciudad de México, aunque junto con su otro socio, Eduardo Zayas, no tenían el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa, lo que derivó en que, tras una “concesión pactada”, la Secretaría de Economía lleve lidiando durante tres años un litigio internacional millonario.

–¡Cerramos, Lucho! El Secretario [Serrano] lo anunció –escribió el 25 de septiembre de 2015 Santiago León a Luis Noboa, de Taxinet, sobre la supuesta concesión obtenida. Pero el “proyecto de concesión” se dio hasta junio de 2016 y el título de concesión hasta abril de 2018 tras la salida de Serrano (2015-2017). Incluso Zayas, también acusado de ser un estafador, envió correos electrónicos a sus posibles inversionistas desde el 2 de febrero de 2016 para presumirles la supuesta concesión, con la firma falsificada de Serrano.

Desde agosto de 2015 presentaron documentos visiblemente falsos, correos extra institucionales y tuvieron “reuniones inapropiadas” entre funcionarios de la Semovi, incluyendo a Héctor Serrano, y los hombres acusados estafadores Santiago León y Eduardo Zayas para que un proyecto de su empresa Servicios Digitales Lusad (filial de L1BRE Holding), sin la tecnología desarrollada, consiguiera una concesión para la instalación de las tabletas L1BRE con “geolocalización satelital”, muestran los documentos públicos consultados por SinEmbargo del caso Espíritu Santo y L1BRE contra el Gobierno mexicano que continuará en litigio en Estados Unidos hasta finales de este año.

Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano en 2015. Foto: Cuartoscuro/archivo.

Con asesoría del despacho estadounidense Hogan Lovells, el Gobierno de México enfrenta desde mayo de 2020 una demanda bajo el amparo del T-MEC por 2.8 mil millones de dólares (50 mil millones de pesos) derivada de dicha “concesión pactada” entre dos supuestos estafadores –con antecedentes de fraude– y funcionarios de la Semovi encabezada por Héctor Serrano.

Serrano fue la mano derecha y operador político de Mancera. De 2012 a 2015 fue el Secretario de Gobierno de su administración y era considerado uno de los más poderosos de la capital del país con influencias en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las delegaciones e incluso la entonces Asamblea Legislativa. Fue acusado de liderar la red de espionaje a adversarios políticos, incluyendo integrantes de Morena; así como estar detrás de la represión policial en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 y el desalojo del magisterio en el 2013. Incluso se le atribuye el rompimiento político entre Mancera y su también exjefe, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, actualmente uno de los precandidatos a la Presidencia.

El 15 de agosto de 2015, un mes después de que Héctor Serrano se pasó de la Secretaría de Gobernación a la de Movilidad, Santiago León le había sembrado la idea. El 26 de agosto de ese año tuvieron un segundo encuentro en la oficina de la mano derecha de Mancera, donde se proyectó un video sobre los servicios de la aplicación sudamericana. Para septiembre lo tenían amarrado.

–Hola mi Lucho [Luis Noboa, de la aplicación Taxinet de Ecuador que inspiró la de L1BRE]. Acabo de salir –le escribió Santiago León tras reunirse con el Secretario de Movilidad Héctor Serrano– No sé cómo decirte lo que quieren ahora, jaja.

–¿Cómo es eso? Jaja –le respondió Noboa la tarde del 17 de septiembre de 2015.

–¡Quieren hacer obligatorio el pago! Están locos.

–¿Qué pago?

–Los diez pesos.

–¿Subir el banderazo? –cuestionó Noboa sobre los pesos que L1BRE planteaba cobrar a los taxistas o usuarios por el servicio del taxímetro digital–. O sea, que los diez pesos los pague quién, ¿obligatoriamente?

–O sea que todos los viajes paguen a huevo. Les está ganando la ambición –opinó León.

Santiago León dice haber tomado esta fotografía durante el evento de septiembre de 2017 en la CDMX. Foto: Especial.

Dos años después, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera anunció el 14 de septiembre de 2017 en un evento en el Zócalo capitalino la transición hacia taxis híbridos y, con menor importancia, mencionó la aplicación L1BRE, un servicio de taxímetros digitales planeado como una medida de seguridad, aunque –después se alertó en el juicio– no tuviera conexión con el Centro de Comando (C5) ni pudiera utilizarse en teléfonos celulares como otras aplicaciones de movilidad.

“Avanzamos en materia de #MovilidadCDMX al presentar unidades del corredor Izazaga-Tlalpan y banderazo de salida a taxis híbridos”, tuiteó Serrano al respecto. Cuatro días después, 18 de septiembre de 2017, presentó su renuncia como titular de la Semovi para enfocarse en la fallida pretensión de su jefe de ser el candidato a la Presidencia en 2018. Luego vendría el terremoto…

Los demandantes alegan en el arbitraje internacional una indemnización por su supuesta inversión perdida “de decenas de millones de dólares”. Pero la concesión de 2018 a Lusad no ha sido suspendida ni revocada por la Semovi porque hasta el momento el litigio sigue en proceso.

Por su parte, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, argumentó ante el Tribunal en Nueva York que las reclamaciones sobre inversiones obtenidas de manera ilegal no están protegidas por el T-MEC y, además, la Semovi no cuenta con las facultades para concesionar taxímetros ni obligar al público a utilizar la aplicación de L1BRE para el taxi. De hecho, los taxímetros se regulan mediante permisos y autorizaciones de la Secretaría de Economía y Profeco, y no mediante concesiones.

“No fue una expropiación, nos pareció un verdadero abuso el contrato que se había realizado en la administración pasada, en donde los taxistas tenían que pagar por la utilización de una tableta […] Era un servicio muy, muy oneroso para los taxistas”, dijo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa del 15 de julio de 2020, sobre la falta de operación de la aplicación y la demanda.

LAS DOS CONCESIONES

Aunque los taxímetros no requieren concesión, en el caso en litigio hubo al menos dos atípicas concesiones. Primero, en junio de 2016 se dio un “proyecto de concesión” (SEMOVI/DGSTPI/001/2016) de “periodo de prueba” hasta abril de 2018, en que se otorgó el título de concesión. Esto a pesar de que no se necesitaría de un periodo así porque el concesionario debe contar con los requisitos para cumplir con el servicio.

También se usaron documentos falsos como una carta del extitular de la Semovi, Rufino H. León Tovar, el del acuerdo del Comité Adjudicador, una firma falsificada del Secretario Héctor Serrano u otros emitidos por Rubén García, entonces Director Jurídico de la Semovi, que no fueron localizados en los archivos de la dependencia, revelaron especialistas en grafoscopía (firma) y documentoscopía citados en el documento más reciente sobre el Caso CIADI No. ARB/20/13.

Taxímetro digital piloto L1BRE en abril de 2018. Foto: Javier Matuk, de UnoCero.

Hasta el 13 de abril de 2018 –pese a que la empresa Lusad estaba casi en quiebra desde 2017– se otorgó el título de concesión “formalizada” sin haber finalizado con éxito el periodo de prueba, determinó la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Un mes después, el 29 de mayo de 2018, un grupo de 254 taxistas se amparó (693/2018) en un juzgado de la Ciudad de México contra la ilegal obligatoriedad de instalar las tabletas y pagar “12 pesos” por el uso de la aplicación en cada viaje.

“Los taxistas no estaban de acuerdo en que se contratara este servicio”, abundó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa de julio de 2020. “Era una sola empresa donde no hubo licitación, fue una asignación y lo que nosotros dijimos en ese momento pues, que si los taxistas no querían que se hiciera de esta manera, que además nos parecía que era un acto monopólico, pues que no se hiciera y a partir de ahí hicimos otra aplicación [Mi Taxi, gratuita y no obligatoria]”.

PACTO A PUERTA CERRADA

A través de correos extra institucionales, exfuncionarios de la Semovi especificaron a los hombres acusados de estafadores los pasos a seguir para solicitar y obtener la concesión. En diciembre de 2015, por ejemplo, Eduardo Zayas recibió comentarios para “un contrato de prestación de servicios” (concesión Lusad) de Rubén García, Director Jurídico de la Semovi.

“Estimados Eduardo y Santiago, les envió mis comentarios marcados a la versión ajustada por el abogado de Semovi”, le escribió el funcionario a Zayas.

Entre los puntos del contrato destaca: “La Semovi entregaría a Lusad un honorario de 12 pesos por el uso de la aplicación, el cual sería pagado por los taxistas, siempre y cuando el usuario solicitara el taxi mediante la aplicación. Además, a este cobro se le descontaría el valor de la tableta”. En abril de 2018, ya con el título de concesión, el director de operaciones de Lusad Juan Carlos Silva dijo que los 12 pesos serían absorbidos por el cliente, esto durante una entrevista con el portal especializado en tecnología UnoCero realizada en un taxi híbrido para mostrar los taxímetros digitales en fase piloto.

En enero de 2016, en un documento firmado por el Director de Normatividad de la Semovi, Rosendo Gómez, se enlistaron requisitos que debían cumplir para lograr la concesión. Este mismo funcionario público, que ayudó a Lusad en la obtención de la concesión, en 2018 se convirtió en el abogado de la empresa para fijar una estrategia legal con respecto a los amparos contra taxímetros interpuestos por los taxistas en mayo de ese año.

Correos extra oficiales entre el estafador Eduardo Zayas y funcionarios de la Semovi en 2016. Imagen: Especial.

El 27 de enero de 2016, pese a que aún ni siquiera era “proyecto de concesión”, Eduardo Zayas anunció por correo electrónico a su compadre Santiago León que había sido adjudicada la concesión de la aplicación L1BRE y que –”con voluntad política”– se encontraban esperando la copia firmada por el Secretario de Movilidad, Héctor Serrano.

“Hoy tuvimos la concesión adjudicada para nuestra aplicación L1BRE […] Felicidades a todo el equipo de L1BRE”, se lee en un correo del 27 de enero de 2016 entre Zayas y León.

Al día siguiente, 28 de enero de 2016, Zayas recibió de otro funcionario de la Semovi, Luis Fagoaga (con copia al Director jurídico Rubén García) archivos adjuntos, entre ellos, “Semovi concesión taxi definitiva”. Pero le advirtió la necesidad de contar con permisos de la Secretaría de Economía y la Profeco para sustituir los taxímetros por las tabletas L1BRE.

Bastaron unos días para el paso final: la firma falsificada del Secretario Héctor Serrano. “Estoy circulando la copia firmada [por Serrano] de la concesión con Semovi”, dice un correo del 2 de febrero de 2016 entre ambos socios, León y Zayas.

Taxis híbridos en el centro histórico de la CDMX en septiembre 2017. Foto: L1BRE.

Hasta el 11 de abril de 2016, casi diez días antes de la solicitud formal de Lusad, el Director Jurídico de la Semovi Rubén García envió a Zayas el borrador para que la empresa presentara su petición de concesión.

Al respecto, el documento del caso dice: “Las Demandantes [Espíritu Santo y L1BRE] no pueden sostener que el procedimiento de adjudicación fue ‘legal y transparente’ y realizado de manera abierta con licitación competitiva y, al mismo tiempo, conceder que sus términos fueron pactados a puerta cerrada entre la autoridad y el eventual ganador del procedimiento de adjudicación de la concesión”, bajo el argumento de que las reuniones eran simples “consultas”.

Y remata: “Las Demandantes fueron incapaces de brindar una explicación sobre las razones por las que estas reuniones/consultas derivaron en la redacción de los documentos principales que regirían el procedimiento de adjudicación y una versión firmada de la concesión, hecho ocurrido meses antes de la publicación de la Declaratoria de Necesidad y de la sesión del Comité Adjudicador de 2016”.

En octubre de 2023 culminará la demanda iniciada con base en el T-MEC.

Dulce Olvera

Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.

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