Justamente a la par de la Reunión de Alto Nivel realizada en Washington el jueves pasado para tratar temas de seguridad y narcotráfico como parte del Encuentro o Marco Bicentenario, Estados Unidos y México llegan a un acuerdo migratorio de gran conveniencia para, como siempre, el país de más al norte. Al tiempo que se anuncian supuestos logros significativos y acciones concretas en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informa sobre un nuevo programa dirigido a los migrantes venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos.
Bajo este acuerdo, que se considera como un programa de “migración organizada”, se prioriza la entrada a Estados Unidos por vía aérea y no a través de la frontera con México. Ello, supuestamente con el fin de desincentivar la migración irregular y el tránsito indocumentado que pone en riesgo la seguridad de los migrantes y refugiados al cruzar el continente de sur a norte. Bajo este esquema, Estados Unidos expedirá 24 mil visas de trabajo a venezolanos bajo un esquema similar al que implementa para los ucranianos que huyen de la guerra en su país. Los venezolanos elegibles para este programa tendrán que presentar una solicitud, tener un patrocinador en Estados Unidos y deberán someterse a controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, así como comprobar haber recibido sus vacunas completas y cumplir con otros requisitos de salud pública.
Adicionalmente, Estados Unidos se compromete a aumentar la capacidad de movilidad laboral para la región latinoamericana, otorgando 65 mil visas de trabajo H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas. [Ojo: Considerando el número de detenciones en la frontera y la demanda por trabajos, este número parece ser bastante bajo]. México, por su parte, pareciera aceptar dócilmente las condiciones marcadas por su vecino del norte al idear este programa, que incluyen contener el cruce ilegal hacia Estados Unidos y recibir, bajo premisas similares a las del denominado “Título 42”, a quienes el vecino país decida regresar por no cumplir con los requisitos del nuevo esquema migratorio.
Todos conocemos lo fútil de las reuniones de Alto Nivel en materia de seguridad, así como el rotundo fracaso de las acciones para contener la migración indocumentada e irregular basadas en las restricciones migratorias y acciones en la franja fronteriza para contener los flujos de personas. Por lo anterior, se justifica un escepticismo total sobre la efectividad de esta medida—y otras, demasiado generales y obvias, que se anunciaron en la Reunión de Alto Nivel—que curiosamente coinciden con la víspera de las elecciones intermedias a llevarse a cabo en Estados Unidos el 8 de noviembre del presente año (en unos pocos días).
Bajo este no tan “novedoso” esquema, México parece convertirse en comparsa de su vecino del norte en la violación al derecho de asilo humanitario—ahora con los venezolanos—bajo el Título 42. Es desconcertante el papel del Gobierno mexicano, anunciando con alegría este nuevo acuerdo pues parece que no ganará gran cosa al adherirse al mismo. Llama realmente la atención lo que pareciera ser inocencia o total sumisión del Gobierno mexicano ante una medida que resulta ser un mero espectáculo para beneficio de los estadounidenses y de acuerdo con los fines que supuestamente buscaría la medida en cuestión. Asimismo, México estaría contribuyendo a la violación del derecho internacional de aquellos que buscan asilo en la Unión Americana, recurriendo a una retórica tramposa que alega la “migración ordenada”.
Es del conocimiento de cualquiera, que acciones como la anterior contribuyen a todo menos a la “migración ordenada” y, al contrario, continuarían alimentando o alentando las redes de tráfico humano que se reproducirían como “sistemas complejos adaptativos” gracias al manejo militarista de las rutas migratorias [prometo un análisis a profundidad sobre este fenómeno en entregas posteriores]. La hipocresía del sistema migratorio hemisférico encabezado por Estados Unidos continúa aceptando migrantes que ingresan a este país de forma irregular o ilegal (dependiendo de si hablamos de refugiados o migrantes económicos) para realizar las labores más arduas a cambio de los salarios más bajos posibles dada su indefinición de status migratorio.
La construcción de muros y las restricciones militaristas a lo largo de la frontera y en las rutas migratorias contribuyen ampliamente a esta farsa, generando un espectáculo grotesco que justifica la explotación de los más vulnerables y alimentan, al mismo tiempo, al complejo militar fronterizo industrial. Esto genera un trayecto muy peligroso hacia el “sueño americano” que puede incluso terminar en la muerte de quienes lo buscan. Bajo este contexto, el “nuevo” acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México no parece generará ningún orden en las rutas migratorias, sino que resultará en un mayor negocio para las redes de coyotes o traficantes de humanos quienes, por una cuota elevadísima, facilitarán la movilidad humana hacia la explotación laboral y, en muchas ocasiones, hacia la esclavitud moderna.
Y lo peor es que, bajo el Marco Bicentenario, México se convierte en cómplice y “patio trasero” de Estados Unidos, negociando acuerdos siempre en beneficio del vecino país. En efecto, México amplía su “militarismo” en el tema migratorio. Esto lo hace negociando beneficios y reconocimiento en otras áreas, pero sin lograr detener efectiva y legalmente el tráfico de armas, ni la aprobación de una verdadera reforma comprehensiva migratoria que reconozca los derechos de los mexicanos que ya se encuentran en territorio estadounidense. México se distrae de lo fundamental, que es la lucha por los derechos de los paisanos en la Unión Americana.
Recordemos que la política migratoria mexicana ha experimentado efectivamente un proceso de militarización [o avance de las Fuerzas Armadas en este tema; como se le quiera llamar] verificable a partir de los siguientes elementos: “la intervención de la Guardia Nacional en su ejecución, la toma del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas, y la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración” (Marcela Nochebuena, Animal Político, 24 de mayo de 2022).
El Canciller Ebrard anuncia con bombo y platillo los logros de la Reunión de Alto Nivel y los avances en el tema de la seguridad en el país. Sin embargo, se encarrilla en continuar la guerra contra las drogas de su vecino (con otro discurso, pero siguiendo la misma lógica), al tiempo en que los migrantes mexicanos indocumentados en los Estados Unidos continúan en una situación de indefinición y espera. Asimismo, nuestro país se militariza para beneplácito de los Estados Unidos, quien extiende su frontera sur a todo lo largo y ancho de México en un tiempo en el cual se protege de las “guerra en tierras de otros” (guerras proxy o guerras subsidiarias) que se libran en Eurasia y quizás, próximamente, en otras regiones específicas del continente asiático (como Taiwán).
El acuerdo migratorio que suscribe México para el tema de los venezolanos no detendrá la migración irregular o ilegal de venezolanos hacia el país vecino. Ellos (los más fuertes y mejor equipados), seguirán entrando a los Estados Unidos con o sin papeles o permiso—y con la ayuda de los coyotes o traficantes de humanos. Lo que sí hace ese acuerdo migratorio “incómodo” (para México), y fútil a nivel operativo, es confirmar la dependencia y la sumisión de nuestro país ante los Estados Unidos. Antes con Trump, el Gobierno mexicano aceptó el programa “Quédate en México” y el Título 42, y ahora, obedientemente, la extensión de este último en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución.
Guadalupe Correa-Cabrera
Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.