Mientras el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal está a punto de llegar a su etapa final en Estados Unidos, donde es acusado de tener presuntos nexos con el narcotráfico, en México hoy se dieron a conocer detalles de la red de corrupción que habría tejido el exfuncionario para desviar millones de dólares del erario.
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Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció la mañana de este jueves que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.
El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
A pesar de que continúa el examen de otras operaciones, explicó que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
El también licenciado en Economía informó que el actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”.
En consecuencia, señaló, “incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación” y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019 “por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero”.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de diciembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país”, precisó el encargado de la UIF.
Además, aclaró que este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York, donde está acusado de aceptar portafolios llenos de efectivo —millones de dólares en total— para permitir que el conocido Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del Gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”, afirmó Pablo Gómez.
A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.
“Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida”, aseguró el titular de la Unidad.
