No coincido con quienes para no “hacerle el juego a la derecha” subestiman el plagio de la Ministra Yasmín Esquivel. Tampoco comparto la opinión de quienes centran el blanco de sus ataques en el portal difusor de la nota —Latinus— en lugar de dirigir su atención al contenido de esta. Sí: el mensajero es el mensaje, pero aun de boca del peor de todos, pueden escupirse algunas verdades; conviene saberlo.
Algunos compañeros afines al proyecto del presidente López Obrador me hacen ver —quizás con algo de razón— que el escándalo de Esquivel fue forjado desde los cuartos más oscuros de la oposición y que, en el fondo, se trata de una gran maniobra por impedir que la Ministra Esquivel llegue a la presidencia de la Corte. Según esta hipótesis, Esquivel representa un proyecto transformador que intenta ser repelido por la derecha. Así, la nota de Latinus sería parte de la estrategia y, por tanto, el lío de la tesis debe leerse en esa clave. El corolario es lógico: si en el fondo está en disputa algo tan relevante como la posibilidad de renovar el Poder Judicial, ¿qué importa una maldita tesis sustentada hace treinta y cinco años?
Desconozco los indicios de probidad de Esquivel (y, por el contrario, son públicos los escándalos de corrupción que pesan sobre su figura desde su paso por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CdMx). Tampoco entiendo muy bien cómo y por qué Esquivel pasó a convertirse en la última esperanza del Estado de Derecho en el país. Asumamos, aunque solo sea por conceder, que esto es así. ¿Funciona el argumento? No. Y cien veces no.
El triunfo electoral de 2018 fue —y sigue siendo— una posibilidad histórica no solo para exponer y denunciar las malas prácticas del pasado, sino una oportunidad para hacer política de manera distinta. “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo” era —y continúa siendo— una promesa de cambio frente a la podredumbre del viejo régimen cuyos representantes, en efecto, se cansaron de mentir, robar y traicionar. El margen de maniobra para equivocarse es mínimo.
La Ministra Esquivel fue propuesta por el presidente y avalada por 95 senadores del partido en el poder. Aunque es parte de un poder constitucional distinto, es evidente que su candidatura a la presidencia de la Corte es respaldada por el proyecto que encabeza López Obrador. Su probidad debería estar fuera de toda duda. No lo está más.
Hacen bien algunos en mostrarse escépticos y esperar a que la UNAM resuelva sobre el caso y dictamine en consecuencia. Aprecio la mesura. Sí, pero la mesura no es pasaporte para viajar en el tiempo con la Ministra Esquivel y admitir que una tesis sustentada en 1987 fue escrita antes que la presentada en 1986 por el estudiante Edgar Ulises Báez. La mesura es una virtud cardinal, no un salvoconducto hacia la ingenuidad; la presunción de inocencia no borra la evidencia frente a nuestras narices.
Por último, el episodio de Esquivel entraña una paradoja terrible. En el país de la impunidad y del sistema de justicia rebasado, la Ministra se da el lujo de “denunciar ante la fiscalía correspondiente, el supuesto plagio” de su proyecto de tesis. Es decir, al transfigurarse Esquivel de victimaria a víctima, echa a andar, por si no fuera suficiente, la maquinaria jurisdiccional para defender la verosimilitud de su viaje en el tiempo. Esto sería inaceptable en una situación ordinaria; viniendo de quien se postula para presidir el máximo tribunal de justicia de nuestro país resulta grotesco.
La acusación a Esquivel debe leerse y entenderse en el marco de la lucha política por la Suprema Corte. Que a nadie le quepa la menor duda. Es por eso —precisamente por eso— que desde la izquierda debe hacerse la crítica más enérgica a la deshonestidad de Esquivel. Si el “no somos iguales” es más que un slogan político y, por el contrario, refiere a una posición ética frente a la política, exigir la renuncia de Esquivel se convierte en una premisa inexorable —¿de qué sino trata el humanismo mexicano?
Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.