El 2 de octubre de 2022, la investigación Ejército Espía reveló que al menos dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos fueron espiadas con el malware Pegasus entre 2019 y 2021.
Este martes fue revelada nueva información por el conglomerado de organizaciones y medios que publicaron la investigación de octubre pasado. Gracias a los correos de SEDENA hackeados por el grupo de activistas de Guacamaya, se tuvo conocimiento de una tarjeta informativa del Centro Militar de Inteligencia fechada el 2 de septiembre de 2020, la cual contiene conversaciones del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con periodistas de El País, Televisa y El Universal. Las conversaciones interceptadas coinciden con los periodos de infección mediante Pegasus que sufrió Raymundo y que fueron corroboradas por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El motivo: la ejecución extrajudicial de 12 personas ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 3 de julio de 2020. Raymundo Raymundo Ramos recibió información de diversos familiares de las víctimas. Se trataba de Damián Genovez Tercero, un migrante de Chiapas de apenas 18 años, desaparecido desde el 24 de junio; Ángel Núñez, un mecánico de 27 años, que había desaparecido el 27 de junio; y Arturo Garza, estudiante de Ingeniería de 19 años, quien había sido secuestrado por el crimen organizado.
Los testimonios de los familiares de las víctimas ponían en tela de juicio la versión oficial del Ejército. El 24 de agosto,salió a la luz video grabado por la cámara corporal de uno de los soldados en el que se observa la ejecución extrajudicial de al menos una persona que ya se encontraba inerme en el suelo.
La situación grave, como otras a lo largo de dos décadas, ha sido denunciada por Ramos en su calidad de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Esa es prácticamente la única organización defensora de derechos humanos en su entidad.
La labor de Raymundo ha tenido repercusiones más allá de Tamaulipas. Gracias a su trabajo se han documentado y defendido a diversas víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Además del caso que suscitó el espionaje, están los relativos a las ejecuciones arbitrarias a manos de militares contra los niños Bryan y Martín Almanza (2010), la desaparición forzada de 47 personas a manos de la Marina (2018), la ejecución extrajudicial de la niña Heidi (2022) y, recientemente, de 5 jóvenes en Nuevo Laredo (2023).
Su labor ha generado animadversión de las Fuerzas Armadas. Por eso, denuncia Ramos, el espionaje ahora documentado no es nuevo. Señaló que prácticamente toda su trayectoria ha sido objeto del trabajo de inteligencia de Ejército y Marina.
La investigación Ejército Espía confirma una parte de esa vigilancia a sus actividades. Ahora sabemos que sus dispositivos fueron infectados con el spyware Pegasus en agosto y septiembre de 2020, y que las conversaciones obtenidas fueron parte de una tarjeta informativa elaborada y presentada el mismo 2 de septiembre de 2020 ante el Secretario de la Defensa, según su agenda de trabajo también filtrada por Guacamaya.
El espionaje que lleva a cabo el Centro Militar de Inteligencia es absolutamente ilegal pues el Ejército carece de facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles.
El Centro Militar de Inteligencia (CMI) está plenamente consciente de que su actividad es ilegal. Un análisis FODA interno revela que el CMI. percibe como una de sus principales amenazas “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”. Inquieta que esa entidad opere como una estructura ilegal y secreta del Ejército.
La investigación desde octubre pasado mostró documentos que comprueban que el Ejército adquirió en 2019 un “sistema de monitoreo remoto de información” a Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para vender licencias de Pegasus y realizó pagos por cerca de 140 millones de pesos. A cinco meses de la revelación, el Ejército ha mentido y ocultado sistemáticamente los contratos con la proveedora de Pegasus, además de negar su participación en los hechos. Ahora sabemos que la compra de ese “servicio” tenía como usuario final al CMI.
Es importante señalar que todas las circunstancias descritas demeritan la democracia y la institucionalidad del país; minando el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Lo expuesto en este caso debe llamar a la reflexión profunda y asertiva sobre el proyecto de país que se quiere.
En un momento en el que las Fuerzas Armadas realizan mayores tareas de seguridad, amén de la multiplicidad de funciones públicas y roles asignado en el presente sexenio, vale la pena hacer una revisión crítica y honesta del papel de dichas instituciones. Más transparencia, mayores controles civiles y rendición de cuentas, son las asignaturas pendientes y urgentes que ningún gobierno han querido (o logrado) afrontar.
Un Ejército que espía a espaldas de su comandante supremo -el Presidente- debe prender las luces de alerta ¿Estará el gobierno a tiempo para revertir la militarización emprendida?
Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.