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El debilitamiento institucional como estrategia política

“La realidad es que, sin información pública no hay democracia, la ciudadanía necesita información para ejercer otros derechos, como el derecho a la salud y a la educación, para mejorar los servicios públicos”. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro.

Por Anaid García Tobón (@laanaidtobon)*

Desde hace varias semanas, nuestro derecho a la información pública y la protección de datos personales han estado en vilo, ya que el INAI, la instancia encargada de velarlos, se encuentra en una parálisis debido a que no puede realizar una de sus funciones más importantes: discutir y votar sobre los recursos que la ciudadanía le hace cuando no recibe información pública de alguna institución o cuando su derecho a la protección de datos personales es violado. Esta falta de quorum para que el instituto tome decisiones parece una deliberada intención de debilitarlo.

Recientemente, especialistas como Murillo y Levitsky elaboraron una tipología del debilitamiento institucional dentro del que se encuentra: el incumplimiento o la inestabilidad. El incumplimiento puede ocurrir cuando las instituciones tienen diseños, leyes y presupuesto relativamente adecuados, pero los funcionarios deciden impedir su funcionamiento. Y el de la inestabilidad que se presenta cuando hay una excesiva cantidad de cambios institucionales o cambios clave que impiden que las instituciones logren los objetivos para los que fueron diseñadas.

En ambos casos lo que se pretende es que únicamente existan instituciones decorativas; que no produzcan efectos. La apuesta por optar estrategias de debilitamiento institucional se puede dar incluso a través de acciones donde los poderes limiten su efectividad sin violar las reglas formales. Esto es algo que hemos observado reiteradamente en el INAI. A continuación, algunas de estas estrategias:

Las designaciones. El problema consiste en que existen malas prácticas para que se realicen las designaciones de las tres personas comisionadas faltantes en tiempo y forma, aunado a que no hay hasta la fecha un mecanismo que obligue tanto al Legislativo, como al Ejecutivo a realizarlas y a que ninguno de estos dos poderes esté sujeto a sanciones por omisiones en la materia. Esto permite que dichos procesos se realicen a voluntad de las y los responsables y sin que tengan que rendir cuentas a la sociedad. En 2017 se presentó una iniciativa para que se reformara el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República en materia de designaciones, nombramientos y ratificaciones que no avanzó. A esto se suman los esfuerzos de distintos sectores para establecer una política pública que asegure que las y los titulares que sean nombrados sean los mejores perfiles y dichos nombramientos sean transparentes

Desprestigio. Otra parte clave de las estrategias son los ataques públicos contra las instituciones que conllevan altos costos en su credibilidad ante la sociedad, y como efecto impide que la ciudadanía defienda su existencia. Desde hace varios meses, ha habido una campaña de desinformación y desprestigio, en donde el INAI ha sido señalado por no cumplir con la función de combatir la corrupción, pero sí representar un alto costo para los bolsillos de la ciudadanía, cuando la función de combatir la corrupción recae principalmente en otras instancias.

Cambios administrativos relevantes. A lo largo del sexenio hemos atestiguado cambios administrativos importantes como la desaparición de instituciones, como del Instituto Nacional de Evaluación Educativa o recientemente Notimex, cambios de los titulares de las principales dependencias o la participación de las fuerzas armadas en gestión de instituciones y servicios públicos. Dichos cambios, a pesar de ser criticados por amplios sectores sociales, se han realizado. Lo que envía la señal de que pese a la inconformidad por la desaparición de instituciones o la integración de instituciones por actores que no son civiles, estos cambios se llevarán a cabo.

Es importante mencionar que tanto los cambios administrativos, como la falta de designaciones no son algo nuevo. En el sexenio anterior, el entonces Ejecutivo, planteó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, encargada de la prevención y el control interno; dicha Secretaría estuvo acéfala dos años. Sin embargo, los cambios institucionales deben perseguir una mayor garantía de los derechos humanos y no una regresión.

La falta de designaciones en el INAI genera incertidumbre, malestar social y potenciales retrocesos en la garantía de derechos humanos

La realidad es que, sin información pública no hay democracia, la ciudadanía necesita información para ejercer otros derechos, como el derecho a la salud y a la educación, para mejorar los servicios públicos. Sin ella, perdemos la posibilidad de informarnos y quedamos indefensos ante los abusos de poder.

Según la revista Proceso, tan solo entre el 1 y el 19 de abril, el INAI recibió 2 mil 700 inconformidades de la ciudadanía ante las respuestas que otorgaron las dependencias y que no les satisficieron. Muchas de estas respuestas fueron de la Fiscalía General de la República, Pemex o la Secretaría de Energía, y.uno de los temas por los cuáles la ciudadanía presentó inconformidades fue el caso Segalmex. Mientras el INAI no pueda sesionar por falta de quorum, estas 2 mil 700 inconformidades no se resolverán y las y los ciudadanos que las interpusieron no podrán investigar, ni allegarse de información para ejercer otros derechos.

Tan sólo en 2022 el INAI recibió 20 mil 197 recursos de revisión que derivaron en 9 mil 360 instrucciones del pleno para que las instancias públicas otorgaran la información solicitada, es decir, en casi cincuenta por ciento de las inconformidades el órgano garante ordenó la entrega de información.

Uno de los mecanismos por los que ha optado el propio INAI es una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como vía legal para que el organismo esté posibilitado a sesionar con solo cuatro integrantes del pleno, sin embargo, esa posibilidad fue negada por la Corte el día de ayer,

El panorama es cada vez más complejo y pese a que distintos sectores como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para que se realicen las designaciones, no se percibe que sea una prioridad del poder Legislativo y Ejecutivo.

Ha costado mucho desmantelar la cultura del secreto en el país y somos la ciudadanía, quienes pagamos los costos sociales, ante la falta de información, y al no poder ejercer nuestros derechos humanos, en un contexto de crisis económica y de seguridad que nos afectan diariamente. Esperamos que antes de que cierre el periodo de sesiones del Senado de la República se realice este proceso y que sea una prioridad para nuestro Gobierno.

* Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate la Corrupción de @FundarMexico.

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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