Ganan con guerra y COVID – Danone, Nestlé y más amasaron millones en México y el mundo con el hambre: Greenpeace

Las ganancias que tuvieron 20 empresas transnacionales del sector agroalimentario entre 2020 y 2022 hubieran sido suficientes para proporcionar alimentos y vivienda a las 230 millones de personas más vulnerables del mundo, remarcó Greenpeace.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– Veinte empresas agroalimentarias transnacionales –de las cuales 13 tienen presencia en México– aprovecharon la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 para obtener ganancias multimillonarias en los últimos dos años, a pesar de que millones de personas se hundían en hambre, acusó Greenpeace International.

El informe “Food Injustice 2020-2022”, la organización internacional remarcó que grandes corporaciones como Tyson Foods, Archer-Daniels Midland, Cargill Inc, Nestlé y Danone “explotaron estas crisis para obtener ganancias grotescas” por 53.5 mil millones de dólares (mdd) entre 2020 y 2022, “hundiendo a millones más en el hambre y reforzando su control sobre el sistema alimentario mundial, sólo para pagar cantidades escandalosas de dinero a sus dueños y accionistas”.

“En el estudio se comparó el aumento de precios que hubo durante la pandemia, y que principalmente se debió a la COVID-19 y a la guerra de Ucrania, y que trajo mucha especulación porque no había transparencia de que las empresas dijeran cuántas eran sus reservas, por ejemplo, de granos, y que eso generaba una especulación y un aumento de los precios impresionante“, expuso Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace Mexico, en entrevista con SinEmbargo.

Las ganancias reportadas por estas empresas de los sectores de granos, fertilizantes, carne y lácteos fueron superiores a los 51.5 mil mdd que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó suficientes para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo a las 230 millones de personas más vulnerables del mundo.

Tras la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 a inicios de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) determinó que el número de personas que padecían de hambre aumentó en más de 150 millones en el 2021 en comparación con 2019, para un estimado entre 702 y 828 millones de personas.

A nivel regional, África tuvo el peor incremento con un 20.2 por ciento más de población con hambre, mientras que en Asia fue de 9.1 por ciento y le siguió América Latina con el 8.6 por ciento. En tanto, en Europa y Norteamérica este porcentaje se situó en menos del 2.5 por ciento.

Greenpeace determinó que “muchos de los países ya afectados por altos niveles de inseguridad alimentaria dependían de la importación de alimentos básicos para alimentar a su población. Por ello, las restricciones comerciales y los efectos de la desaceleración económica mundial [debido a la pandemia] hicieron que estos países, ya de por sí vulnerables, sufrieran la peor parte de la crisis alimentaria”.

Sumado a la pandemia, cuando los mercados empezaban a estabilizarse, el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 trajo, además de una crisis humanitaria, repercusiones en los mercados mundiales de materias primas, particularmente porque Rusia y Ucrania –los países involucrados en el conflicto bélico– suministraban el 30 por ciento de las exportaciones mundiales de trigo, el 20 por ciento de las de maíz y hasta el 80 por ciento de las de aceite de girasol.

“Rusia, Bielorrusia y Ucrania son también los principales exportadores mundiales de fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfóricos”, sumó el informe.

Cuatro empresas transnacionales controlan entre el 70 y el 90 por ciento del comercio mundial de granos, según estimaciones del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES). Se trata de Archer-Daniels Midland, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus, las cuales tienen presencia en 15 de los 32 estados de la República mexicana.

La especulación respecto a las reservas de granos frente a la inestabilidad de los mercados resultó en un incremento en precios, ya que las empresas no están obligadas a revelar sus existencias del grano; y las grandes empresas antes mencionadas “han expulsado del sistema a los agricultores y agricultoras de pequeña escala y productoras locales”.

Pero ni la guerra de Ucrania ni la pandemia de COVID, y las afectaciones que traen para la alimentación de la población mundial, serán crisis aisladas si no se atiende el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad en el mundo, advirtió Lázaro. Frente a la crisis, sólo la regulación de las acciones de las empresas agroindustriales podría contrarrestar las consecuencias.

“Es casi inevitable que van a seguir ocurriendo estos eventos, pero sí puede disminuir su impacto si se tiene esta transparencia en la información [sobre las reservas de materia prima] y se eliminan los oligopolios que existen de estas empresas que controlan, básicamente, el mercado de alimentos, el sistema agroalimentario a nivel mundial”, profundizó la campañista de Greenpeace. “En esencia, se requiere un cambio hacia la transparencia en el comercio y cómo opera este sector alimentario para que se puedan reducir y terminar los abusos de estos grandes corporaciones”.

De las 20 compañías analizadas, Danone, Nestlé y Cargill Inc. tienen una mayor presencia en México, donde los precios de alimentos tuvieron una variación de 6.5 por ciento de incremento en un periodo de cuatro meses –del 14 de febrero de 2020 al 9 de julio de 2020–, mientras que el cambio porcentual anual de la línea de pobreza extrema establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tuvo un incremento de 14.7 por ciento en el 2022 con respecto a septiembre de 2021. El incremento en zonas urbanas fue del 14.4 por ciento para este mismo periodo de tiempo.

“No es nada nuevo que estas empresas, que tienen imperio a nivel internacional, también tienen presencia en México 13 corporaciones de todos los sectores”, indicó Viridiana Lázaro. “Nestlé es la que tiene más marcas de entre estas tres empresas; son productos que podemos encontrar en los supermercados y son fácilmente distinguibles por las mexicanas y los mexicanos. Esto también refleja como nuestro sistema agroalimentario nutricional está en manos de pocas empresas, que son dueñas de muchos de los productos que las mexicanas y los mexicanos consumen”.

Apenas el pasado sábado, la Secretaría de Salud federal reconoció que el 12 por ciento de los mexicanos sufren insuficiencia nutricional, en gran medida por el consumo de comida chatarra. En su informe, Greenpeace retomó un análisis de los productos de Nestlé disponibles en México, de los cuales identificó que 138 de distintos rubros tenían etiquetado por exceso de calorías, de azúcares, de grasas saturadas y/o de sodio.

¿IMPORTA ALIMENTOS O PRODUCIRLOS?

“En México tenemos todo el potencial para ser autosuficiente. Ya somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero también podemos serlo, por ejemplo, en el maíz amarillo; sólo se necesita el apoyo a nivel gubernamental. Tenemos todo el potencial de ser autosuficientes, falta apoyo”, aseguró Lázaro.

Las cifras oficiales apoyan esta afirmación de la campañista de Greenpeace. Previo a la pandemia, en 2019, México importó 4 mil 921.52 millones de dólares de cereales, mientras que produjo en sus campos 25.8 millones de toneladas de maíz grano blanco, 5.4 millones de maíz grano amarillo, 3.73 millones de trigo grano y 3.67 millones de sorgo grano.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indica que durante el 2021, México importó 7 mil 567.68 millones de dólares de cereales; 5 mil 242.22 millones de “Semillas y frutos oleaginosos (nueces, pepitas, avellanas, pistaches, etc.); semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje”; y 2 mil 218.82 millones de “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”.

En materia de avances hacia la soberanía alimentaria –una de las propuestas de Greenpeace para contrarrestar el imperio de las empresas agroalimentarias–, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente firmó un decreto presidencial para que México contrarrestara la importación de maíz amarillo transgénico y del herbicida glifosato, que han sido cuestionadas por sus efectos dañinos en la salud de los consumidores y jornaleros.

El Gobierno mexicano inició el texto con la prohibición de maíz amarillo para uso industrial y de forraje para ganado con fecha límite de 2025, y la prohibición de importación de glifosato a enero de 2024; pero ante la presión de Estados Unidos cedió en modificaciones al decreto, aunque mantuvo intacta la restricción que impide al Gobierno federal adquirir maíz genéticamente modificado para consumo humano.

Esta nueva normatividad no entra en marcha sin retos, pues en el tema de trazabilidad, referente al “camino” que toman los alimentos desde la importación de las semillas, se debe de garantizar que se cumpla con las reglas de importación y todas las dependencias involucradas deberán de observar que efectivamente, las instituciones “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso”.

Si bien esto es positivo y marca un paso en la dirección correcta, indicó Lázaro, hace falta ir “más allá”. “Nosotros vemos que sí tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de raíz de cómo se están produciendo los alimentos en la actualidad, que es un modelo basado en plaguicidas altamente peligrosos, que son muy dependientes en en fertilizantes sintéticos”, remarcó.

“Las políticas públicas deben ir encaminadas a fortalecer la transición agroecológica que ayude a transicionar y poder eliminar los plaguicidas altamente peligrosos de los campos de cultivo, y que también se evita el uso de semillas transgénicas en su totalidad. Incluso, desde nuestra perspectiva se deben eliminar todos los transgénicos liberados al aire libre, como la soya, el algodón, etcétera”.

Para esta transición es necesario que se asigne presupuesto a políticas y programas que regulen y busquen eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos y semillas transgénicas, que existan créditos para productores de pequeña y media escala, indicó, y apoyo técnico en todo el país para que se pueda gozar de alimentos nutritivos y lograr una soberanía alimentaria en el país.

En términos de voluntad política, la campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México aseguró que el Presidente López Obrador sí ha mostrado un interés en avanzar hacia la eliminación de los alimentos transgénicos, pero “hay intereses y una lucha de poderes incluso dentro del mismo Gobierno”.

“Personas como el Secretario [de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel] Villalobos, que acaba de mencionar que los transgénicos no hacen daño y que pues van totalmente en contra de la política y el discurso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido difundiendo”, señaló Lázaro. “Es complejo, que se pueda seguir impulsando (…) se requeriría que hubiera una mayor alineación dentro del Gobierno, porque al final quién está en las negociaciones es el Secretario de Agricultura”.