El Gobierno mexicano aseguró que algunos de los documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje “son apócrifos”, pues no son oficiales, ni están firmados o avalados por alguna autoridad competente.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno federal insistió en que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia en México sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un Juez, esto luego de los miles de correos que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya en donde se revela un presunto espionaje por parte del Ejército.
Además de justificar las acciones de inteligencia realizadas por las dependencias, Gobierno consideró que las filtraciones obtenidas a raíz de un ciberataque “carecen de validez legal”.
“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, destacó el Gobierno federal en un comunicado.
La mañana de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sospechaba que el grupo de hackers Guacamaya, que filtró miles de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con información confidencial, está ligado a “agencias internacionales” vinculadas al empresario opositor Claudio X. González.
Existe el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Militar de Inteligencia que se comparten información, no espiamos, no contratamos Pegasus, las filtraciones de Guacamaya Leaks yo sospecho que son de Claudio X González: AMLO® 🦆 pic.twitter.com/StrL4OGt7l
— Avi 🦆 (@avieu) March 23, 2023
En su conferencia de prensa diaria, el Presidente cuestionó el origen del grupo Guacamaya, pues considera que sus filtraciones son “ilegales” y que está relacionado a Claudio X. González, uno de sus adversarios políticos.
“¿Quién es Gucamaya? ¿Quién hackeó? Esa información que aparece, fue Guacamaya. ¿Quién hace ese espionaje? Por qué no hace una investigación ustedes sobre eso, porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservaor que encabeza Claudio X. González”, dijo.
Las declaraciones del Presidente sobre la legalidad de estas filtraciones fueron reiteradas en el comunicado emitido esta tarde al destacar que se hace “evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
JUSTIFICA ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA
En el mismo comunicado, el Gobierno justificó que las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal.
Comunicado 2717 Acciones de inteligencia, 23mar23
Argumentó que esto se realiza de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional que refiere que la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones.
De acuerdo con los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Sedena, de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública, agregó.
El Gobierno precisó que los procedimientos antes mencionados de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, que únicamente se realizan “con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
Sobre la transparencia de estas labores de inteligencia, dijo que uno de los principales rasgos es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años.
“Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas —redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos—, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país”, explicó el Gobierno.
Señaló que en el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas también juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal.
Sobre los procedimientos para realizar estas labores, mencionó que el artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el Juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un Juez.
Por último detalló que en su administración, la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de ellas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio “N”, José Guadalupe “N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”. Todo ello con ayuda de labores de inteligencia.
