Esta semana se mostró la cara de un Estado que persigue y vigila a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nos referrimos a dos casos que demuestran que la labor de informar y defender los derechos humanos son un facto de alto riesgo. Los gobiernos, lejos de proteger a personas y colectivos que se encargan de promover y ejercer estos derechos fundamentales en todo sistema democrático, buscan amedrentar y corroer su espacio de acción.
En el primer caso, el periodista Arnoldo Cuéllar director del medio digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab), fue víctima de hostigamiento por parte de las fiscalías de Nuevo León y Guanajuato como represalia por su labor.
En el segundo, se reveló que Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, director y coordinadora del área internacional del Centro Prodh, fueron víctimas de espionaje el año pasado mediante Pegasus. De hecho, esta organización referencial ya había sufrido espionaje contra tres de sus inegrantes mediante el mismo malware en 2016. En su mmoento, dichos hechos fueron denunciados en 2017 junto a una decena de activistas y periodistas incómodos para el gobierno peñista, que también habían sufrido ataques a su privacidad desde el Estado medinte el agresivo malware.
En el caso de Arnoldo le trataron de “voltear la tortilla” hace unas semanas, precisamente por denunciar en 2021 supalantación de identidad y espionaje por parte de funcionarios de las mismas fiscalías que ahora lo pretenden perseguir y amedrentar. En el caso de Santiago y María Luisa, nos referimos a reconocidos defensores por su solvente y comprometida defensa de víctimas de abusos cometidos a manos de militares; siendo los momentos identificados de infección a sus celulares aquellos en los que ocurrían importantes denuncias públicas contra SEDENA.
Hace diez años se creó un mecanismo de protección para proteger personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues México presentaba datos alarmantes de agresiones contra estos sectores. Hoy la situación es peor.
El informe anual 2022 de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica se reportó que el año 2022 se convirtió en el más violento luego de que la organización registró 696 ataques contra la prensa, en comparación con sus primeros registros en 2007. La cifra anterior representa un 329.63 por ciento de incremento si se compara con el cuarto año de gobierno de Calderón (162) y un aumentó del 63.38 por ciento en comparación con el mismo periodo de Peña Nieto (426).
Las agresiones más comunes fueron: Intimidaciones y hostigamientos con 181 casos (26.01 por ciento del total), Amenazas con 151 casos (21.70 por ciento) y el uso legítimo de poder público con 111 casos (15.95 por ciento). En 2022 ARTICLE 19 documentó 12 homicidios de periodistas vinculados con la labor.
En tanto México se posiciona como el país más letal para la prensa en el continente y uno de los más mortíferos en el mundo. De estos 12 casos, ocho (66,6 por ciento) se trata de periodistas que cubrían temas de corrupción y política. Además se registraron nueve tentativas de homicidio que afortunadamente no se consumaron.
De los 696 casos documentados, 296 fueron cometidos por autoridades públicas, es decir, 4 de cada 10. Las estados con más agresiones a la prensa registradas son Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.
Mientras tanto, Front Line Defenders dio a conocer hace unos días que México, Colombia, Ucrania, Brasil y Honduras reunieron el 80% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos y medio ambientales. México sumó 45 de estos crímenes, lo que representa un total del 11.22% del total.
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó la semana pasada su informe anual sobre la violencia contra defensores y defensoras ambientales y sus comunidades. Sus registros muestran que en 2022 ocurrieron 197 agresiones. Según su propio monitoreo, el año pasado fue el más violento del que se tenga registro.
En términos de agresiones letales, señala el CEMDA que los peores años han sido 2017, con 29; 2021, con 25, y 2022, con 24. El estado donde más asesinatos se regsitraron fue Guerrero, al tiempo que Oaxaca es donde más agresiones en general se cometieron.
Los motivos pasan por las relaciones de complicidad entre gobiernos, empresas y crimen organizado y culminan en la impunidad prácticamente absoluta de los actos de agresión. A Arnoldo Cuéllar la FGR no le ha garantizado justicia en dos años. Lo mismo para el Centro Prodh, quien denunció en 2017 la intervención ilegal de sus comunicaciones y a la fecha no hay un solo imputado.
Resulta imposible hablar de un Estado Democrático de Derecho con estos niveles de violencia contra defensores y periodistas. Para los poderes formales y fácticos de este país, parece que la fórmula de hostigamiento y amedrentamiento a dichos sectores es bastante funcional para sostener su estela de engaño, corrupción e impunidad. Es hora de decir ¡Ya basta!
Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.