El hecho, sin precedente, de juzgar en el extranjero a un alto funcionario del gobierno mexicano como lo fue Genaro García Luna de 2006 a 2012, tiene por supuesto afectaciones a la administración pública en México, no solo la del pasado que permitió la corrupción del ex secretario, también la del presente y la inmediata anterior, que no lo juzgaron en territorio nacional, a pesar de contar con medios oficiales para hacerse de pruebas, y de hecho, haber tenido a la mayoría de los testigos encarcelados, antes de su extradición a los Estados Unidos y que colaboraran con la justicia de aquel país.
Ni hablar del golpe que la declaración de culpabilidad sobre García Luna trae a las dos únicas administraciones panistas en el Gobierno de la República, la de Fox y la de Calderón, amén de la repercusión al Partido Acción Nacional en vísperas de las elecciones.
Efectivamente, la mayoría de los testigos que, con sus acusaciones de sobornos multimillonarios y acuerdos ilícitos hicieron, estuvieron prisioneros en México, donde de hecho algunos como Sergio Villarreal, el Grande, anticiparon sus declaraciones, pero que, a diferencia de lo sucedido en los Estados Unidos, en México no le concedieron ni credibilidad, ni validez a sus dichos.
Todos los actos ilícitos relacionados con el narcotráfico por los que Genaro García Luna fue declarado culpable y será sentenciado el próximo 27 de junio de 2023, ocurrieron, de acuerdo a testigos y fiscalía, en territorio mexicano. Fue aquí donde validaron los jurados, el ex secretario hizo tratos con el cártel de Sinaloa y con el de los Beltrán Leyva para apoyarlos, a cambio de millones de dólares, a crecer sus ilícitos negocios para traficar droga, desviar investigaciones, o arremeter contra los cárteles enemigos.
Afecta además a otras corporaciones y fuerzas armadas, pues en el juicio a García Luna también se mencionó por parte de los testigos, la participación de otras corporaciones en el entramado de corrupción de los cárteles de la droga. Y no solo fue la policía federal entonces comandada por el ex funcionario; también se hizo mención, en igual circunstancia de las acusaciones validadas por el jurado contra García, sobre la participación de elementos del Ejército Mexicano al servicio del cártel de Sinaloa, también aceptando sobornos en dólares, y proveyendo información a los grupos criminales.
Particularmente, el Grande declaró ante la fiscalía y los jurados de la Corte de Distrito en Brooklyn, Nueva York, y ante la presencia del Juez Brian Cogan, y por supuesto del acusado y su defensa, que, en una ocasión, en medio de la guerra de cárteles, ellos (refiriéndose a los Beltrán Leyva), proporcionaron información a militares para la captura de Jesús Zambada, el Rey, pero que los de la milicia, “vendieron” esos datos al cártel de Sinaloa. A cambio de billetes verdes la proporcionaron para evitar la aprehensión del hermano de Ismael Zambada García, el Mayo, líder criminal del cártel de Sinaloa.
Aun cuando la corrupción en el Ejército no fue el centro del juicio a García Luna en los Estados Unidos, las delaciones de los criminales, considerando que las referidas contra el ex secretario se dieron por válidas, resultan deshonrosas, graves y alarmantes, pues presumen la participación del Ejército en la corrupción entre los cárteles de la droga en México.
Situación que no fue investigada en los Estados Unidos, cuando en un hecho también sin precedentes, y más cercano a producto de una negociación política, la fiscalía de la Unión Americana en noviembre de 2020 y luego de haberlo detenido por una investigación en la que lo acusaban de delitos de narcotráfico, entre ellos recibir sobornos millonarios para ayudar a un cártel a traficar droga a los Estados Unidos, liberaron sin cargos al general Salvador Cienfuegos Cepeda quien fungió como secretario general de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ciertamente, desde el fin de la administración de Felipe Calderón, pasando por la de Enrique Peña y en la actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido en México una real depuración de las corporaciones policíacas ni se ha investigado a los altos mandos. A lo más que han llegado, como cada sexenio, es a cambiarle de nombre a las corporaciones, ya no es SIEDO, es SEIDO y luego FEMDO, pero para el caso es lo mismo. López Obrador fue más allá al desaparecer a la Policía Federal para integrarla a la Guardia Nacional, aunque sus elementos no fueron investigados, muchos se quedaron en la nueva corporación, mientras otros migraron a los Estados.
Resulta vergonzoso que en México no se investigue la participación de las fuerzas armadas, de las corporaciones policíacas y de los altos mandos de la seguridad que han caído en actividades de complicidad con el criminen organizado y el narcotráfico.
La condena de García Luna ciertamente afecta en mayor medida a los gobiernos de Fox y Calderón, al Partido Acción Nacional, pero también salpica a las administraciones que le siguieron, por no combatir la corrupción y permitir que personajes como el ex secretario, y elementos del Ejército, aun desconocidos, ya denunciados, vivieran con impunidad.
Muy tarde exigen los políticos de Morena a la Fiscalía General de la República que García Luna sea procesado y juzgado en México, cuando ya fue declarado culpable en Estados Unidos, y es poco probable que de aquel país lo extraditen a México donde, se supone, vivió impune durante el sexenio de Calderón, el de Peña Nieto y lo que va del de López Obrador.
El próximo 27 de junio de 2023, el Juez dictará una sentencia a García Luna, encontrado culpable de cuatro delitos de narcotráfico y uno de declaraciones falsas. La condena al ex funcionario tendrá una escalada a otros niveles del gobierno mexicano, que, al ser así evidenciado, habrá de enfrentar consecuencias por no aplicar la justicia; después de todo, lo que se demostró en la Corte en los Estados Unidos, no solo fue la corrupción de un hombre ex servidor público, sino de un sistema.
