El estado de Sonora y sus dinámicas con relación al tema de la seguridad y la política energética son de enorme relevancia para el desarrollo y el futuro de México en una nueva era geopolítica. En este contexto, es muy importante considerar las relaciones de poder a nivel local y los vínculos entre las autoridades estatales, el Gobierno federal y el sector empresarial, tanto nacional como internacional. El desarrollo de la minería en este estado estratégico es clave. El aprovechamiento de las reservas de litio y tierras raras, así como el tema del agua—su acceso y el desarrollo de procesos potenciales de desalinización—darán mucho de qué hablar en los años venideros.
Por consiguiente, el enfoque en las dinámicas locales y la política en el estado es de vital importancia. Sonora es una entidad clave de México que tiene un enorme potencial, pero también enfrenta importantes retos en lo que se refiere a la violencia perpetrada por grupos de crimen organizado, el avance de los intereses extranjeros y las transnacionales, y sobre todo en lo que respecta al tema de la corrupción y la impunidad. En mi tarea personal para comprender mejor las dinámicas y los retos para la economía y la sociedad sonorenses, me encontré con un reportaje fundamental que destapa una cloaca putrefacta de aparentes corruptelas y una estafa mayor contra el pueblo sonorense que ha recibido casi nula atención.
Me refiero en particular a la denominada “estafa legislativa” que ha sido cubierta e investigada de forma magistral y con gran profesionalismo por el periodista sonorense Aarón Tapia, quien le ha dado a este atraco mayor un seguimiento constante en su programa de Radio (https://www.youtube.com/@aarontapia3395) y en dos magníficos reportajes para este medio. En efecto, Sinembargo Mx, desde el principio, le abrió un espacio a nivel nacional a este periodista para dar a conocer sus importantes hallazgos.
Llama mucho la atención el silencio relativo por parte de medios locales y nacionales (tradicionales y alternativos) frente a lo que considero un gran escándalo en Sonora. Éste parece reflejar los pactos de impunidad que han existido y permanecen vigentes en el estado, así como un esquema mafioso que no sorprendería aplique también en otras entidades del país. Sorprende realmente la falta de interés por un tema tan clave en casi todos los medios de comunicación mexicanos. Asimismo, el fenómeno en cuestión pareciera involucrar a una gran cantidad de actores que pactaron su impunidad con el actual Gobierno estatal y federal de la llamada “Cuarta Transformación” o 4T.
El asunto no es menor. Al contrario, es de la mayor relevancia y Aarón Tapia ya hizo el trabajo de investigación. Ahora es nuestro deber darlo a conocer y exigir cuentas a las autoridades pasadas y presentes, quienes “fingen demencia” y parecen haber pactado para ocultar una estafa mayor al pueblo de Sonora, perpetrada ahora desde el poder legislativo. Nos referimos aquí a un alegado desfalco millonario que, según datos de las autoridades mismas y denuncias diversas, representó cerca del 50 por ciento del presupuesto total anual del Congreso del Estado de Sonora en 2021, que ascendió aproximadamente a 814 millones 899 mil 710 pesos.
El desfalco se dio a través de la partida “Ayudas Sociales”. De los 463 millones de pesos (mdp) devengados en esta partida en 2021, se revisaron un total de 419 mdp (que equivalen a cerca del 91 por ciento del total). Finalmente, “no se acreditaron las evidencias documentales de la recepción de las adquisiciones de bienes ni las evidencias documentales que [avalan] la entrega de los bienes a sus supuestos beneficiarios por 398 millones 625 mil 376 pesos, es decir 95 por ciento del total revisado”. En otras palabras, no sabemos a dónde fueron esos recursos, a quienes se les entregaron y no hemos visto el padrón de beneficiarios. Esta presunta estafa legislativa, en tan solo ese año (2021), supera a la Estafa Maestra en su paso por Sonora a través de Telemax (televisora estatal) que fue de 312 mdp.
En la cuenta pública del 2020 de aquel mismo Congreso local también se observa un modus operandi similar y las mismas anomalías. Ello fue denunciado en su momento por la Diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora de la bancada de Morena. Las cantidades relevantes resultan escandalosas. Según reporta Aarón Tapia, en los años 2019 y 2020, “los presupuestos utilizados en la partida de Ayudas Sociales fueron de 65 millones 106 mil 148 pesos y 340 millones 539 mil 675 pesos, respectivamente” (véase https://www.sinembargo.mx/09-10-2022/4265472). En este último año, dicho presupuesto se incrementó en un 423 por ciento. Es importante mencionar que los montos correspondientes y ejecución de los mismos, se aprobaron en la Comisión de Administración y Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) del Congreso sonorense.
No ha sido posible hasta la fecha acreditar las adquisiciones de bienes, ni el padrón de beneficiarios donde se haga constar que los recursos correspondientes fueron efectivamente entregados. Con relación a la cuenta pública del 2021, el ente fiscalizador del estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) observó que no se certificaron las evidencias documentales de la recepción de las adquisiciones de bienes, ni las evidencias para acreditar la entrega de los bienes a sus supuestos beneficiarios
En el esquema mafioso que analiza Aarón Tapia, “se habrían utilizado 11 empresas, 10 de ellas empresas fachada de reciente creación, con domicilios deshabitados, otros totalmente abandonados y, en algunos casos, domicilios que ni siquiera existen. Lo mismo sucede con los domicilios de los supuestos propietarios de estas empresas, uno de ellos ligado a diputados de la presente legislatura.” Tapia visitó los domicilios registrados, uno por uno, y pudo documentar con fotografías y testimonios la supuesta presencia de empresas fantasma. El trabajo del periodista sonorense es loable y fascinante. Destacan los peculiares nombres de algunas de estas empresas, tales como: Cifras Disparadas, S.A. de C.V, Tripto Éxito, S.A. de C.V. y Fresco EAA, entre otros.
En lo que respecta a las cuentas públicas del Congreso en 2019 y 2020, Tapia nos cuenta como el ISAF no hizo observaciones pertinentes a la partida que nos compete, pero detectó que fueron las mismas 11 empresas (10 fantasmas) que facturaron en el 2021, año en el cual sí se registraron las anomalías por parte del ISAF. Se argumenta entonces que la ejecución del presupuesto en la misma partida de los otros años fue realizado a través del mismo modus operandi y con las mismas empresas proveedoras. Sorprende que aún no conozcamos a ciencia cierta el destino real de los recursos.
De acuerdo con cálculos presentados por el periodista Aarón Tapia en su trabajo de investigación, en los tres años de Legislatura LXII del estado de Sonora (2018-2021), y en tiempos de la Gobernadora Claudia Pavlovich, es posible hayan sido desfalcados hasta más de 800 millones de pesos (mdp) mediante la partida 44101 de “Ayudas Sociales” (del capítulo 40000 de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”).
Tapia también hace un excelente trabajo detectando posibles actores vinculados a la supuesta estafa, los cuales incluyen a administrativos, así como a miembros de aquella legislatura y otros que ahora ocupan importantes espacios políticos vinculados al partido en el poder—incluyendo personajes influyentes en la política sonorense actualmente y aquellos diputados que se reeligieron. En resumen, el trabajo de Aarón Tapia es extremadamente relevante pues detecta a los principales operadores de esta supuesta estafa y a los principales cabilderos ante los diputados.
En este escándalo, que no se puede minimizar de ninguna manera—y que aparentemente se ha querido silenciar y ocultar—destaca el comportamiento del órgano fiscalizador ayer y hoy. Cabe desatacar, muy especialmente, el papel de Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF del 2017 a principios de 2022. Según la investigación de Tapia, “el ahora exfuncionario ha sido señalado como el creador de todo el entramado de la ‘Estafa Legislativa’ cuando se desempeñó como Director General de Administración en el Congreso del Estado de Sonora del 2004 al 2017” (véase https://www.sinembargo.mx/19-03-2023/4337817). Es importante resaltar que Moya Grijalva, durante su gestión como Auditor Mayor, no aplicó las observaciones correspondientes a las cuentas públicas del Congreso, como sí lo hizo la encargada de despacho, Karla Ornelas, quien le sucedió en el cargo.
En una segunda entrega para el portal SinEmbargo MX, Aaron Tapia nos cuenta cómo Jesús Ramón Moya Grijalva, ha sido “señalado y exhibido en varios trabajos periodísticos por sus omisiones de observaciones en las diferentes dependencias del Gobierno del estado, Gobiernos municipales, en el poder judicial y el propio Congreso del estado”, así como por su cercanía con gobiernos priistas. Y por si fuera poco, nos relata cómo dicho personaje “ha contado con 8 averiguaciones previas e inconsistencias en su declaración patrimonial como servidor público, según el expediente de la Fiscalía General de Justicia Del Estado De Sonora (FGJE) al cual tuvo acceso [el] reportero”. A Moya Grijalva se le ha investigado por fraude genérico, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido del servicio púbico, abuso de confianza, uso indebido de atribuciones y facultades, incumplimiento del deber legal, peculado, e incluso por robo de vehículo.
¿PACTO DE IMPUNIDAD EN LOS TIEMPOS DE LA 4T?
No obstante lo escandaloso de esta trama, así como el magnífico trabajo de investigación de Aarón Tapia, llama mucho la atención el silencio irresponsable o más bien cómplice de muchos otros periodistas y el aparente solapamiento de este atraco mayor por parte del actual Gobierno de Sonora. El Gobernador Alfonso Durazo, no se ha manifestado efectivamente al respecto. Además, como se mencionó anteriormente, de los 33 diputados de la pasada legislatura (LXII 2018-2021), Ernestina Castro de MORENA fue la única que manifestó directamente no haber recibido dinero para “ayudas sociales” y acusó en el pleno, en la discusión de la revisión de las cuentas públicas de 2020 y 2021, la aparente perpetración de esta estafa. No obstante lo anterior, en meses recientes—y en especial a partir de que se dio a conocer al público todo este desfalco mediante el reportaje de Aarón Tapia, Castro guarda silencio repentinamente.
En el actual Congreso del estado de Sonora, el caso de la “estafa legislativa” parece ser un tema tabú. Nadie habla de él en público. Únicamente el Diputado de Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lucas, en una rueda de prensa exhortó al Gobernador Alfonso Durazo a que ordene el esclarecimiento de esta estafa. Así mismo, en el marco de la conferencia de prensa que da semanalmente el Gobernador, éste fue cuestionado por el activista Aldo Castro por el silencio que se ha guardado. Y aun así, continúa la situación de inacción frente a este aparente atraco. El Gobernador sonorense, heredero de la 4T, no parece tener voluntad política alguna para hacer la investigación pertinente y sentar las responsabilidades a quienes puedan resultar culpables.
Es importante también mencionar que la gran mayoría de los medios en Sonora parece que se encuentran amordazados en lo que respecta a este tema. Se podría entonces pensar que les marcaron línea muy claramente al cancelársele arbitrariamente a Aarón Tapia el convenio de difusión y publicidad que mantenía con el Congreso del estado—al parecer, por sacar a relucir este tema. Actualmente, Tapia lleva un proceso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora por lo que considera una clara acción de inhibir el ejercicio periodístico mediante el castigo económico.
Al parecer, la actual Auditora Mayor del ISAF, Beatriz Huerta, ha solapado esta estafa legislativa; ha sido omisa en presentar las denuncias correspondientes y no ha accedido a dar entrevista para hablar sobre el tema. Lo que es más, el ISAF, de manera muy sospechosa y violando las leyes de fiscalización y transparencia, bajó recientemente de su portal de internet, toda la documentación referente al informe individual de la auditoría financiera de la cuenta pública 2021 del Congreso del estado—que hasta hace poco aún se podía consultar en ese portal.
En otras palabras, se bajó del portal de internet del ISAF toda la información referente a la “estafa legislativa”, es decir, los informes individuales de las auditorías financieras donde se pueden apreciar las observaciones al Congreso del estado por la inexistencia de evidencia documental de la recepción de los supuestos bienes adquiridos o de aquella que acredite la entrega de los bienes a sus supuestos beneficiarios. Al mismo tiempo, se reservó por dos años toda la información de la Cuenta Pública 2020 referente a esta supuesta estafa.
Al parecer, existe un pacto de impunidad operado desde el Gobierno del estado de Sonora para solapar las trapacerías de administrativos y políticos que desaparecieron recursos públicos en el Gobierno de Claudia Pavlovich. Este pacto de impunidad parece quedar claro desde que la exgobernadora de Sonora fue nombrada Cónsul de México en Barcelona por el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Algunos en Sonora piensan que el Pacto de impunidad fue operado desde Palacio Nacional y éste se extiende al tema de la aberrante “estafa legislativa” que nadie quiere cubrir y todos prefieren olvidar. En nuestro caso, no se nos olvida pues es un esquema que bien podría operar en otros congresos locales.
Felicitamos al periodista Aarón Tapia por un trabajo loable y exhortamos a otros medios a dar seguimiento a este imporante trabajo. Nos sorprende el silencio cómplice de políticos de todos los partidos y de los medios de comunicación locales y nacionales en este tema que consideramos de la mayor relevancia. En este sentido, nos decepciona el papel que ha tomado el actual Gobierno de Sonora y el partido MORENA a nivel local; es decir, decepciona la inacción y la falta de postura del Gobierno de la 4T en lo general ante este tema.
No obstante lo anterior, aún confiamos en que este escandaloso asunto será esclarecido a la brevedad. En otras palabras, esperamos se tomen cartas en el asunto. El tema de la “estafa legislativa” sonorense parece ser inmoral y repugnante y, por consiguiente, no cesaremos en nuestro intento de hacer justicia y comunicar lo ocurrido en diversos espacios. Confiamos en poder encontrar los canales para denunciar lo que parece ser una estafa de grandes magnitudes al pueblo de Sonora.
Nota: Agradecemos a este portal (SinEmbargo.mx) y al espacio de #EnContacto con Rubén Luengas, por darle difusión a este trabajo tan relevante y por no mantener un silencio cómplice sobre un aparente fenómeno obsceno que bien podría extenderse a otros espacios y regiones del país. A ellos, todo mi reconocimiento y agradecimiento. Es posible encontrar muchos más detalles sobre la estafa legislativa en las siguientes notas en este portal, en el canal de YouTube de Aarón Tapia y en un episodio de hace par de semanas en el programa #EnContacto con Rubén Luengas. Aquí, a continuación, pueden encontrarse las ligas a esta información:
El Congreso de Sonora, en la mira por presunto desvío millonario de “ayudas sociales”
Exauditor de Sonora, ligado a “Estafa Legislativa”, fue indagado por varios delitos
Guadalupe Correa-Cabrera
Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.