Los inmuebles, tanto departamentos como casas, se encuentran en zonas exclusivas de Florida. La compra de este tipo de bienes, argumenta el Gobierno mexicano en su demanda civil que busca recuperar más de 740 mdd, se llevó a cabo para lavar dinero obtenido a través de medios corruptos en México gracias a la red de García Luna.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar o el Océano Atlántico y diversas propiedades en las zonas más exclusivas de Florida son parte de las 19 propiedades que el Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red de Genaro García Luna, el exsecrretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón encontrado culpable de narcotráfico, dentro de la demanda civil que las autoridades mexicanas interpusieron contra el exfuncionario en aquel país.
El Gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dijo que García Luna, durante su etapa como encargado de la seguridad del país, y posteriormente a ello, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, explicó el miércoles la UIF en un comunicado.
Es por ello que el Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. Sin embargo, la información se hizo pública apenas hace unas semanas, durante una de las conferencias de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La meta de las autoridades mexicana es recuperar “los activos adquiridos” con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna para resarcir el daño al pueblo mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable de cinco cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar droga a EU, el pasado 21 de febrero.
La acusación de la UIF se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas (ocho físicas): el propio Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra; “los Weinbergs”, quienes fueron mencionados durante su juicio penal en Nueva York: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg; así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Además, se encuentran demandadas 44 personas morales –empresas– supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, ocho fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el Gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares.
La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de dos millones 476 mil 726 dólares, casi 45 mil millones de pesos.
Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos: las unidades 1009, 1010 y 1011. Además, adquirió el 505. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad 1007 valuada en 469 mil 806 dólares.
Sin embargo, la más cara de las 19 propiedades es una mansión ubicada, como 14 de los inmuebles asegurados, en el barrio de Aventura. La lujosa residencia ubicada en Island Boulevard cuenta con seis amplios cuartos, 7.5 baños y un total de siete mil 102 pies cuadrados sin contar patios y estacionamiento, es decir, unos dos mil 165 metros cuadrados.
La lujosa propiedad construida en 2006 tiene un elevador propio y alberca con clima. Sin embargo, los sitios especializados en bienes raíces explican que no tiene espacio para aparcar yates, aunque es posible rentarlo. La descripción de la mansión señala que se trata de una “impresionante” propiedad” con “amplias vistas a la bahía”.
El segundo inmueble de más valor en la lista –2.3 millones, unos 41.7 millones de pesos– es aquel ubicado en una pequeña isla exclusiva en el centro de la Bahía Dumfoundling y con vistas también al strip al norte de Miami, llena de edificios con departamentos y hoteles.
También están en la lista de inmuebles asegurados otros en la zona de Miami. Se trata de departamentos en altos rascacielos con amplios ventanales y vistas a la bahía, también de lujo, adquiridos por Jade Ocean 3203 II LLC. El valor total de estos sitios es de 2.3 millones de dólares.
Asimismo los estadounidenses aseguraron dos departamentos en la Avenida Collins con un precio de mercado de 1.1 y 1.2 millones de dólares, en el barrio de Sunny Isles Beach, un lujoso barrio frente al Océano Atlántico donde se encuentran, entre otros grandes edificios y complejos, el Trump International Resort.
¿POR QUÉ LA DEMANDA SE HIZO EN FLORIDA?
La UIF asegura que la red movió el dinero obtenido gracias a las licitaciones corruptas en el sector de Seguridad Pública de México y el dinero fue “transferido al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
En México, indicó la dependencia, siguen su curso los procesos penales y el Gobierno “espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del Gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”, en referencia al sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además de los más de 745 millones de dólares que busca México recuperar en EU, “sigue el examen de otras operaciones” posiblemente relacionadas con la red que García Luna tejió, al mismo tiempo que, según el juicio penal del que espera una sentencia para finales de junio, protegía y permitía el trasiego de droga hacia el norte, además de ayudar a los cárteles de Sinaloa y al de los Beltrán Leyva a expandir su imperio en tierras mexicanas.
El juicio penal en Brooklyn no abarcó el periodo de García Luna luego de salir, en 2012, del Gobierno, en los últimos meses del sexenio de Calderón, pero la Fiscalía neoyorquina le dijo al Juez del caso, Brian Cogan, que tenían testigos listos para probar que García Luna se mantenía como parte de la “conspiración” para el tráfico de droga.
Las 12 personas del jurado coincidieron unánimemente que el exfuncionario había seguido como “conspirador” luego de dejar la SSP y por eso lo encontraron culpable de esos cargos, pero la información o posibles pruebas que tenían las autoridades de EU quedó sin usarse.
¿DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO?
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La UIF enumeró en su comunicado los 30 contratos que las empresas ligadas con la red de García Luna, por un monto total de 634 millones 575 mil 727 dólares más 315 millones, 266 mil 667 pesos que en total dan la cifra de 745.9 millones de dólares que busca recuperar el Gobierno mexicano.
Se trata de trabajos como la puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización para la hoy extinta Policía Federal, corporación que se fortaleció como nunca con García Luna a cargo de la SSP. Además, aparecen instituciones como el también extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación social (OADPRS).
Los montos van desde los casi 171 millones de dólares para la “Adquisición y Configuración de Comunicación” para el CISEN, 21.5 millones de dólares para el “Suministro, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo, Sonora”, hasta los 85.5 millones de dólares para los “Servicios Integrales para la Seguridad Electrónica, Informática y Telecomunicaciones para el Complejo Penitenciario Federal Papantla” por cinco años (2012-2016), es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
