El informe de Artículo 19, publicado en agosto, reporta que en los últimos 22 años, 157 personas han sido asesinadas por su labor como periodistas. 37 de esos asesinatos han ocurrido en este sexenio. Todos los asesinatos y las amenazas contra la vida son, desde luego, graves y dolorosos, pero silenciar periodistas perjudica a la sociedad entera, porque atenta a la vez contra la vida y contra el derecho a la libre expresión de unas personas y contra el derecho a la información de otras.
Tomar este panorama con seriedad implica, primero, reconocer que es producto de una violencia rampante cuya aceleración vertiginosa se disparó en el sexenio de Felipe Calderón, en el que el número de homicidios incrementó 192 por ciento con respecto al sexenio previo, según datos del Inegi. A eso se añade un incremento del 59 por ciento en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y aunque en este sexenio se ha logrado estancar ese crecimiento durante los dos primeros años, e incluso revertirlo hasta disminuir un 9 por ciento hacia julio de 2022, las cifras de homicidios siguen en un rango preocupante, pues una máquina que acelera a la velocidad en que se incrementó la violencia en el sexenio de Calderón, y otro poco en el de Peña Nieto, difícilmente va a parar de manera abrupta. En el proceso actual de desaceleración gradual, lamentablemente, se siguen acumulando muertes violentas, y su cantidad, sea cual sea, ante una sociedad que reclama y merece protección del Estado, siempre será injustificable.
También es tomar con seriedad el asunto no utilizarlo para atribuir culpas a adversarios políticos por el simple hecho de detestarlos. La raíz de la violencia contra los periodistas tiene causas complejas en el entramado oscuro y, por razones obvias, poco conocido, donde imperan distintas células del crimen organizado. Y, aunque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todas las personas hay un salto abismal entre reprochar -con razón o sin ella- una falta de resultados en este ámbito y directamente achacar la causa de la violencia al jefe del ejecutivo en específico.
El jueves 15 de diciembre, pasadas las 11 de la noche, el conductor de Grupo Imagen Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque a balazos desde una motocicleta, apenas a unas cuadras de llegar a su casa. Afortunadamente salió ileso, aunque eso es un decir, porque de una agresión así difícilmente se sale intacto. Como Ciro Gómez, cientos de comunicadores a lo largo y ancho del país viven con la huella de amenazas o atentados de los que los ha librado la fortuna, pero que los aprisionan en lo sucesivo bajo la coraza del miedo. Es una manera de vivir que no merece nadie. El atentado contra Gómez Leyva, abominable como todos los que se ciernen sobre cualquier comunicador, despertó una ola de muestras de solidaridad pero, entre ellas, también el oportunismo de los detractores de siempre. No faltó, desde luego, quien culpara al Presidente López Obrador de atizar las condiciones que, según su explicación, derivan en atentados como el que sucedió este jueves.
Pablo Hiriart, jefe de corresponsales en Estados Unidos de El Financiero, reprocha desde su cuenta de twitter a quienes hablan de un clima generalizado de violencia en México, pues, para él, la fuente directa del ataque a Gómez Leyva se ubica en la sede del Ejecutivo: “A raíz del intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva, respetados periodistas y comentaristas generalizan sobre la violencia contra el gremio. Generalizar absuelve. El odio contra los críticos se incuba, nace y emana desde Palacio Nacional.”.
Denise Dresser también ubica el origen de la violencia contra los periodistas en una persona: “Cuando López Obrador agrede y presenta listas de periodistas críticos legitima un clima de violencia/acoso contra ellos. Coloca un tiro al blanco en sus espaldas. Las 74 menciones a mí en las mañaneras se han traducido en violencia en las redes y en las calles. Háganse cargo”. Dresser añade un giro interesante a la acusación contra AMLO: según ella, la gente, una especie de masa anónima presente en “las redes” y en “las calles”, actúa ciegamente y sin criterio de conformidad con lo que el Presidente diga en la mañanera, donde suele contestar las noticias falsas y señalar con nombre y apellido a quienes las divulgan.
Se podrá estar en desacuerdo o no con esta práctica ya instaurada en las conferencias del Presidente. (En mi particular punto de vista, que poco importa, el ejercicio de desmentir noticias falsas es indispensable, y debería dirigirse únicamente a señalar medios y no personas). Pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia, ni siquiera remota, de que entre los dichos de López Obrador y las agresiones directas contra periodistas haya una cadena causal. Dresser confunde el clima verbalmente violento de las redes sociales, al que está expuesta cualquier figura pública, de cualquier postura política, con el flagelo de la violencia extrema a la que son sujetos los periodistas, especialmente en los estados, al ejercer su trabajo. Y culpa a los simpatizantes de López Obrador de instigar ambos tipos de violencia, como si tuviera prueba alguna y como si se trataran de la misma cosa.
La colaboradora de El Universal Saskia Niño de Rivera escribe también algo en la misma línea en su cuenta de twitter: “Insisto. En el segundo país más peligroso para periodistas no puede tener el Presidente de la República un espacio en las mañaneras que cuarte (sic) la libertad de expresión. López Obrador tiene seguidores que sienten que se aprueba un acto así a quienes lo critican. Basta.”
Ni Niño de Rivera, ni Dresser sienten que les falta una pieza mínima de evidencia que les ayude a sustentar sus gravísimas acusaciones. Para ellas, basta percibir que es así para afirmar, “sin pruebas pero sin dudas” que los seguidores de López Obrador son quienes perpetran la violencia contra los periodistas. Un problema hondo, espinoso, complejo y doloroso, queda así explicado por ellas sin mayores preocupaciones: los asesinos, los violentos, los silenciadores, los perpetradores del miedo están a la vista de todos y son ni más ni menos que la turba informe que apoya a López Obrador.
A estas dos comunicadoras les pasan por alto dos cosas. La primera es la que explicamos al inicio de este texto: las raíces de la violencia en este país son profundas y retorcidas y no datan de este sexenio. Si la causa de la violencia contra los periodistas estuviera, como afirman algunos, en las conferencias matutinas del Presidente, quedan sin explicación los asesinatos de los 48 comunicadores ocurridos durante el sexenio de Calderón y los 47 del de Peña Nieto (fuente: Artículo 19), cuando esas conferencias no existían. La segunda es que los simpatizantes de López Obrador son ni más ni menos que dos terceras partes de este país, una multitud extremadamente incluyente en la que caben vendedores de diarios, amas de casa, electricistas, obreras, profesores, secretarias, y personas de todos los oficios, incluyendo -no lo van a creer- otros periodistas.
Apenas este mes tuvimos dos grandes oportunidades de ver a esas multitudes en acción: por un lado, nadie de esa mayoría supuestamente violenta salió a agredir a quienes se manifestaban en contra del Gobierno el 13 de noviembre; nadie tampoco se expresó con violencia el día que fueron a manifestar su simpatía al Presidente en noviembre 27. Atribuir el origen de una violencia tan lacerante como la que se ejerce contra las y los comunicadores a una multitud tan diversa y compleja como la que simpatiza con el proyecto gobernante es ruin con los acusados e indolente con las víctimas.
Por supuesto que nos unimos a la exigencia de que los periodistas, las y los defensores del medio ambiente, las y los defensores de los derechos humanos y todas, todos los luchadores sociales vivan una vida segura y pacífica, y que nadie en este país muera por ejercer su oficio o defender sus convicciones. Sin la mezquindad de regatear los logros -muchos o pocos- en esta materia, el llamado a que el Gobierno cumpla su responsabilidad debe ser firme y claro. Y también debe ser claro el deslinde de quienes usan la desgracia para afianzar sus narrativas simplistas, reduccionistas y, a fin de cuentas, insultantes.
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado
Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.