Un Tribunal Federal otorgó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un amparo en contra de la resolución que lo puso en prisión preventiva por el caso Odebrecht. La sentencia no ordena su libertad inmediata, sino ordena que se estudie el caso y se emita un nuevo prinunciamiento.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Un Tribunal Federal otorgó un amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht.
No obstante, la sentencia de la Magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, no implica la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que ordena se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento.
La Magistrada determinó que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien resolvió un recurso de apelación.
El exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue encarcelado desde el 3 de noviembre de 2021 luego de que el Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, cambió la medida cautelar por prisión preventiva justificada.
El exdirector de Pemex se declaró “inocente” en esa ocasiono y propuso un “acuerdo para reparar el daño”, pero el Juez aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.
Emilio Lozoya Austin fue detenido el 12 de febrero de 2020 en la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga, por su presunta participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El titular de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó extraditado el 17 de julio de 2020 a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.
El 28 de julio de 2020, el exfuncionario fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte –ya en el pasado se fugó–, y de esta manera dio formalmente inicio a un juicio histórico que se extiende sobre una parte importante de la clase política.
DENUNCIA A PEÑA
En agosto de 2020, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
“Hoy por la mañana, Emilio ‘L’ presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso Odebrecht y en varios otros casos. […] En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados en la campaña de 2012 para la Presidencia de la República, y quien después fue Presidente [Enrique Peña Nieto] y su Secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso] son las personas que este individuo le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que trabajaron y colaboraron para la campaña de estas dos personas”, reveló en ese momento la Fiscalía.
En un breve mensaje a medios de comunicación, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio avances también sobre la compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, como la Reforma Energética impulsada en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto para abrir el sector a la inversión privada.
En este caso se habla también de 120 millones de pesos que, según el denunciante, fueron ordenados por las mismas personas, Peña Nieto y Videgaray para que se entregaran a un Diputado y cinco senadores de la República.
Más adelante, el Fiscal General aclaró que los nombres quedan en reserva hasta que la FGR judicialice, es decir, “hasta que encontremos las pruebas suficientes”.
“Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) que fueron ordenados por las mismas personas”, detalló.
Además de estas acusaciones, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht, según el Fiscal.
Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, y que ahí “se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.
En todos estos casos, dijo Gertz Manero, “los sistemas que él señala que se usaron fueron que estas dos personas a las que hizo referencia [Peña y Videgaray] le dieron instrucciones para que él entregara 84 millones de pesos a varios legisladores [cuyos nombres son semejantes a los citados] y a un Secretario de Finanzas de un partido político”.
Después, continuó el funcionario, los dos personajes le dieron a Emilio “L” una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Electoral, a través de un enlace del que también da el nombre, pero aún no se puede citar.
“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, indicó.
En primer lugar, continuó el titular de la FGR, “las ratificaciones; después, la presencia de los testigos; el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y, en el caso de que sea procedente, a las personas que él imputa las llamaremos a declarar”.
El Fiscal cerró su presentación de aquel momento con la afirmación de que, si existe más información sobre el tema, la dará a conocer puntualmente.
Lozoya, el primer exfuncionario mexicano en declarar por el caso de Odebrecht, ha sacudido la política mexicana tras su extradición de España el 17 de julio.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido tratarlo como testigo “protegido” o “colaborador” para que revele los nombres y el monto de los políticos que recibieron sobornos, en particular de aquellos involucrados en la aprobación de la Reforma Energética.
El mandatario ha reiterado que el caso de Lozoya es emblemático del “narco-Estado” que vivía México en los gobiernos pasados.
