De acuerdo con el proyecto del Ministro, la reforma publicada el 9 de septiembre de 2022 es contraria a la Constitución, que establece que la Guardia Nacional forma parte del ramo de la seguridad pública civil.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaración de inconstitucional de la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tal como se había aprobado en septiembre de 2022.
De acuerdo con la información, el proyecto de Alcántara Carrancá plantea invalidar el Artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), “que faculta al Ejército a ejercer dicho control de la corporación policiaca”.
También buscará anular el Artículo 14 fracción III de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que el Comisario General de esta corporación sería nombrado a propuesta del titular de la Sedena.
“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado”, comenta en su proyecto.
Asimismo recordó que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, por lo que trajo a colación el Artículo 129 constitucional, en el que se establece que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, es decir, que ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles.
“Éste se opone al texto del Artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la Dependencia del ramo de la Seguridad Pública, quien formulará, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones”, agregó.
El pasado 9 de septiembre, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma las leyes con las que la que la Sedena asumirá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma cuatro leyes en materia de Guardia Nacional. Asimismo, se aprobó en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.
En votación nominal, el Pleno rechazó la moción suspensiva que había formulado el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, para dar espacio a la fórmula de parlamento abierto.
La reforma, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, permite a la Sedena asumir el control operativo de la Guardia Nacional, la cual había había sido manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su creación en 2019.
Especialistas y opositores consideran que la reforma viola la Constitución, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, y han anunciado que ejercerán acciones legales para detenerla.
Durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de algunas de las obras emblemáticas de su gobierno como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, así como el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos, lo que ha llevado a algunos analistas y opositores a acusar al mandatario de militarizar al país.
En medio de la polémica que ha desatado la reforma legislativa, López Obrador reconoció el martes que cambió de opinión sobre el rol de los militares en labores de seguridad pública cuando llegó al poder en diciembre de 2018 y tuvo “que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién”.
En octubre de 2022, Ricardo Mejía Berdeja, entonces Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, acusó que la Jueza federal, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, se “excedió en sus facultades” al suspender la entrada en vigor del decreto para incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante su participación en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de seguridad advirtió que este tipo de acciones “ponen en riesgo la seguridad pública” y “son parte de las acciones que generan impunidad en el país”.
Baia Baia…
El subsecretario de @SSPCMexico, @RicardoMeb, criticó a la juez Karla María Macías Lovera, de Guanajuato, por suspender la entrega de la Guardia Nacional a la SEDENA.
¡LA AUDACIA! pic.twitter.com/6uf1rjmdDj
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 10, 2022
“Esta Juez se excede en sus facultades porque plantea la contradicción entre una Ley de carácter general y la Constitución, en términos del Artículo 105 sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta Juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo”, dijo.
Ricardo Mejía recordó que la resolución de la Jueza fue impugnada ante un Tribunal Colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional, no obstante, la Magistrada dictó una nueva resolución en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal, porque se excede la Juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión”, señaló el funcionario.
Asimismo, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confió en que el Tribunal Colegiado revoq
