México no es un país que abrigue a los periodistas. Desde hace varios años, sobran los estudios sobre criminalidad e impunidad contra profesionales de la comunicación que comparan a México con naciones virtualmente en guerra donde el país no sale bien librado. Sobra decir que una democracia sana no puede prosperar en estas condiciones. Muchos pensaron que con el inicio del gobierno del Presidente López Obrador, la violencia contra periodistas disminuiría. Pronto supieron – supimos – que esta no se detuvo, sino que ha aumentado de manera muy preocupante. ¿Qué explica este incremento durante los cuatro años de este sexenio? La respuesta indudablemente debe ser multicausal. No obstante, hay una variable crucial que no puede pasar desapercibida en el análisis. Se trata del ambiente de hostilidad contra la labor periodística que existe en todos los niveles de gobierno: municipal, estatal, federal. En todos estos ámbitos se fustiga a reporteros, corresponsales, analistas, articulistas y columnistas que intentan descubrir y comunicar la verdad acerca del actuar de las autoridades. El infundio, la calumnia, la exageración y la estigmatización son utilizadas sistemáticamente en contra de decenas de comunicadores, colocándolos en una situación muy delicada y, en algunos casos, de franca persecución y asedio.
No ayuda, desde luego, que el Presidente López Obrador, insista en fustigar y desprestigiar públicamente a comunicadores que no son de su agrado. Su argumento para continuar con esta práctica descalificatoria es que ejerce su derecho de réplica. Frente a ese sofisma se debe recordar un principio liberal fundamental: la libertad de un ciudadano para criticar al poder debe ser muy amplia, mientras la habilidad del poderoso para fustigar ciudadanos debe reducirse al máximo.
Es importante que esté bien claro que la crítica, desde la plataforma presidencial a ciudadanos, es un abuso por parte de alguien que tiene a su disposición el poder político, mediático, económico y militar.
Es indignante, por decir lo menos, que tampoco se concreten investigaciones contra quienes han ultimado a periodistas a todo lo largo y ancho del país.
Los niveles de impunidad son altísimos y eso crea una espiral mortífera, pues los criminales saben que pueden actuar sin consecuencias.
Que líderes políticos practiquen de forma cotidiana el hostigamiento a profesionales de la comunicación facilita que personas con tendencias violentas, que se sienten atacados por revelaciones periodísticas, recurran al ataque físico.
Si a esto sumamos la existencia de un sistema de procuración de justicia que brilla por su ausencia no es casualidad que estemos aquí.
Este es el contexto donde debemos ubicar el artero ataque a la vida del conocido periodista, Ciro Gómez Leyva. Lo primero, por supuesto, es que está vez sí se localice a los perpetradores materiales e instigadores y se les someta al proceso judicial correspondiente.
Pero eso no será suficiente. Se necesita de un cambio inmediato en la actitud del régimen, empezando por el Presidente de la República.
La verdad sea dicha, no hay razón para ser muy optimista, pues López Obrador ha llegado incluso a fustigar y poner en el catálogo de sus adversarios ideológicos a organizaciones de protección de la labor de los comunicadores, que cuentan con gran reconocimiento internacional, como es el caso de Artículo 19 (Art19) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
El obradorismo también ha desmantelado, en los hechos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que antes era un aliado de los periodistas y que hoy es encubridor de las acciones del gobierno y otros agentes de poder en contra de los mismos.
Si el Presidente, como parece, no cambiará sus hábitos este respecto, quizás haya llegado el momento de que la sociedad civil eleve su voz y presione como nunca antes a los gobiernos para que desistan de ser un factor activo en la violencia contra periodistas.
Que se entienda: un Gobierno que ataca periodistas nunca será liberal ni democrático.
Gustavo de Hoyos Walther
Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).