La actual ola de protestas sociales en Perú, que arrancaron tras las destitución del Presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre de 2021, se ha convertido en la más grande movilización de la sociedad peruana en las pasadas dos décadas a la que el Gobierno de facto de Dina Boluarte ha respondido con una represión inusitada que ha dejado hasta ahora 49 personas fallecidas y casi 700 civiles heridos. A pesar de la magnitud de la represión, hasta ahora no a habido una campaña global de solidaridad que denuncie el artero operativo represivo del actual Gobierno en contra de la población movilizada en las calles, carreteras y plazas peruanas.
Aunque la crisis política en Perú viene de años atrás (ha tenido seis presidentes en cuatro años), el actual ciclo de protestas surgió apenas el pasado 7 de diciembre cuando el entonces Presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso nacional y convocar a elecciones extraordinarias y declarar el Estado de emergencia en la nación andina, pero este último manotazo de poder de este maestro rural electo en julio de 2021, quedó sin efecto.
Una vez que se dio cuenta que no contaba con respaldo popular y menos con el apoyo del ejército o de fuerzas políticas, Pedro Castillo intentó en vano llegar a la Embajada de México en Lima para pedir asilo político. Pero el exmandatario estaba tan aislado que su misma guardia presidencial lo detuvo y lo llevó ante la justicia.
¿Por qué ese último intento desesperado de Castillo para disolver el Congreso peruano? Porque el poder legislativo de ese país se había convertido en uno de sus más acérrimos adversarios y el mismo día que anunció su disolución, los diputados tenían contemplado votar por la “vacancia” legislativa para destituir a Castillo. Así lo hicieron más tarde y ese mismo 7 de diciembre la entonces primera Vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra fue investida como Presidenta, convirtiéndose en la primera mujer que asume el poder Ejecutivo en la historia de Perú.
Varios analistas se preguntan por qué Pedro Castillo hizo este último intento por disolver el Congreso si estaba tan debilitado políticamente. Según algunos, porque fue engañado por los militares, quienes junto con otros sectores empresariales y oligárquicos, ya preparaban el golpe para destituir a Castillo desde septiembre del año pasado. Según Carlos Fazio, columnista de La Jornada, “le hicieron creer al Presidente Castillo que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y lo indujeron a disolver el Parlamento (para que rompiera adrede el orden constitucional). Para eso fraguaron encuestas y le hicieron creer que tenía más de 40 por ciento de apoyo popular y el Congreso sólo ocho por ciento, por lo que iba a ser muy fácil tumbarlo y sería aclamado por la multitud” (26 diciembre 2022). No sucedió así y ahora Castillo se encuentra detenido y a la espera de ser juzgado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Pero a los días siguientes de la destitución de Castillo, comenzaron a surgir protestas, tímidas en Lima, y más intensas en las regiones campesinas e indígenas de Perú, donde el presidente destituido tenía más respaldo popular.
Pero la Presidenta Dina Boluarte ha respondido con una represión y violencia estatal que no se conocía en el país al menos desde hace dos décadas, según la prensa limeña. Una primera oleada de protestas ocurrieron en diciembre pasado y había dejado ya 29 personas fallecidas, la mayoría por armas de fuego disparadas por elementos de la Policía Nacional o militares.
Tras la pausa de año nuevo, las protestas sociales han vuelto a resurgir en regiones como Puno, Cusco y Arequipa, no obstante esta semana también se convocaron movilizaciones intensas en Lima, la capital. Pero la respuesta represiva ha sido todavía mayor como se evidenció con la represión en Juliaca la semana pasada, que ya ha dejado 18 fallecidos para sumar en total 49 manifestantes asesinados durante las protestas sociales.
Tan sólo el sábado 14 de enero la Defensoría del Pueblo de Perú registró 100 bloqueos de vías nacionales y acciones de protesta como movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías en 33 provincias. Y todo indica que las protestas continuarán en las próximas semanas, si no se atienden sus demandas.
¿Qué exigen los peruanos en las calles? La protesta social exige cuatro puntos: 1) renuncia de Dina Boluarte; 2) celebración inmediata de nuevas elecciones (están convocadas para abril de 2024); 3) que se convoque a nuevo Congreso Constituyente para hacer una nueva Constitución; y 4) libertad de Castillo.
Pero el resorte que empuja todo este ciclo de protestas viene de más lejos que la renuncia de Castillo y la represión de Dina Boluarte.
La llegada de Pedro Castillo a la presidencia implicó de algún modo la derrota de la partidocracia y de la clase política tradicional, de ascendencia criolla y asentada en la capital Lima, que suele ignorar o no tomar en cuenta las demandas de las masas campesinas e indígenas. “Con un sombrero chotano que nunca abandonaba, Castillo le habló a ese Perú que se siente históricamente excluido. No se presentó como indígena sino como campesino y ‘rondero’, en referencia a las rondas campesinas creadas en Cajamarca”, describió Pablo Pablo Stefanoni la campaña de Castillo que le permitió llegar a la Presidencia.
Aunque no cumplió la mayoría de sus demandas y aunque en los pocos meses que estuvo en el poder se fue distanciando de su base indígena y campesina, de todos modos Castillo era el representante de estas masas y populares que ahora salen a las calles para pedir que regrese y, sobre todo, para exigir la disolución de un Congreso al que asocian con una clase gobernante corrupta, elitista, cercana a la oligarquía y que no mira al Perú profundo. En estos días de protesta en Perú hay ecos de la consigna que se escuchó en Argentina en los albores de este siglo: “que se vayan todos” en referencia a la clase política tradicional, según consigna el mismo Stefanoni (https://bit.ly/3GF3HW9).
Para Anahí Duran, socióloga y exministra de la Mujer durante unos meses en el Gobierno de Castillo, la actual insurgencia social en Perú ya logró el mérito de abrir el camino hacia un nuevo constituyente. “Este estallido cuyo componente unificador es el rechazo frente a la clase política representada por el Congreso y Dina Boluarte, tiene como eje fundamental al núcleo duro de casi un 40 por ciento que también se moviliza por Castillo, el Presidente que era uno de los suyos. Este Perú marginal, informal, rural y excluido se ha politizado en el Gobierno de Castillo y transita de la subordinación al antagonismo” (https://bit.ly/3COXbeh).
Hasta ahora el Gobierno de Boluarte ha dicho que no cederá a las peticiones de los movilizados, pero todo indica que la protesta social terminará por tirar a la actual presidenta para sumarse a la larga lista de presidentes peruanos destituidos y que la clase política limeña deberá escuchar y atender las demandas populares si quieren que se termine este ciclo de protestas sociales. El reclamo de la calle en Perú debe ser escuchado, y debe cesar la violenta represión estatal.
Rubén Martín
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