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Propuestas clave para reformar la Ley Minera y acabar con el despojo

“Estas son algunas de las propuestas enviadas a la Cámara de Diputados y los próximos días será clave que la ciudadanía esté atenta al desempeño de las y los legisladores, quienes con su actuar demostrarán a qué intereses responden de dictaminar favorablemente estarán siendo congruentes con los intereses de la nación, deteniendo el despojo y saqueo que el actual marco jurídico permite”. Foto: Cuartoscuro.

Por Maira Olivo*

En los próximos días tendrán que ser dictaminadas en la Cámara de Diputados, las propuestas para reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico, enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de marzo. En esta iniciativa se plasman algunas de las demandas de pueblos y comunidades que han visto violentados sus derechos en las últimas décadas debido a la imposición de la actividad minera en el país.

1. Retirar el carácter preferente a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, no obstante, se sigue considerando de utilidad pública, aun cuando se ha demostrado que la minería genera un beneficio principalmente privado. Datos proporcionados por la Secretaría de Economía señalan que aumentó el valor de los metales extraídos que en 2021 fue de 338 millones 187 mil 664.6; sin embargo, el aumento de la extracción no se tradujo en un aumento significativo del empleo ni la contribución fiscal.

El sector minero ha reaccionado, mostrando su desacuerdo con la iniciativa presidencial, argumentando sin evidencia, que esta actividad aporta a las finanzas del país, a la generación de empleos y beneficia a las comunidades donde se ejecutan dichos proyectos, lo cierto es que la recaudación en minería es bastante baja, en 2019 la recaudación fiscal de la Minería de metálicos y no metálicos representó el 0.03 por ciento del PIB, en 2020 el 0.07 por ciento y en 2021 de 0.23 por ciento. Mientras en 2019 la minería aportó 0.1 por ciento del total de los ingresos del sector público, en 2020 contribuyó con 0.3, y en 2022 con 0.9 por ciento.

También es falso que la minería genere muchos empleos en el país. En 2021 la extracción y beneficio de minerales metálicos representó únicamente 75 mil 870 (19 por ciento) de los 399 mil 366 empleos generados por el sector minero. Entre 2018 y 2021 el sector extractivo y de beneficio de minerales metálicos aumentó únicamente 324 empleos. De ahí que la utilidad pública de la actividad minera siga quedando en entredicho y deba retirarse junto al carácter preferente.

2. Implementar la figura de “concesión” de agua para uso específico en minería: actualmente la Ley de Aguas Nacionales, junto a otras disposiciones como la Fracción VI del artículo 19 de la Ley Minera establece que las concesiones mineras confieren el derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan, por su parte el artículo 124 del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales define que se entiende por aguas provenientes del laboreo de las minas aquellas del subsuelo que necesariamente deban extraerse para permitir la realización de obras y trabajos de exploración y explotación, aunado a lo anterior, el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos define que no se pagarán derechos por las aguas que “pasen, broten o aparezcan en el laboreo de las minas”.

De aprobarse la iniciativa presidencial, se implementaría la figura de “concesión de agua para uso específico en minería”, esto permitirá finalizar con el actual régimen de excepción de las aguas de laboreo, logrando que toda el agua que se utilice por las mineras cuente con una concesión y más importante aún, que quede sujeta a la disponibilidad, imponiendo al mismo tiempo a las mineras obligaciones de medición y monitoreo de agua que descargan.

3. Realizar consulta antes de entregar concesiones sobre territorios indígenas, al respecto es necesario adicionar la obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades. Ya que, el sistema interamericano de derechos humanos ha establecido este mandato, en casos de actividades extractivas que puedan ocasionar impactos significativos en el territorio.

De igual manera, sucede con la obligación de realizar estudios previos de impacto socioambiental, que, si bien se contempla en la iniciativa presidencial, debe rectificarse que se trata de un deber del Estado y no de las empresas.

Estas son algunas de las propuestas enviadas a la Cámara de Diputados y los próximos días será clave que la ciudadanía esté atenta al desempeño de las y los legisladores, quienes con su actuar demostrarán a qué intereses responden de dictaminar favorablemente estarán siendo congruentes con los intereses de la nación, deteniendo el despojo y saqueo que el actual marco jurídico permite.

* Maira es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

Fundar

Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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