El Gobierno de Lasso se comprometió a implementar una moratoria a todos los proyectos mineros y no abrir el catastro minero para nuevas concesiones, pero contradiciendo su palabra, se intentó declarar Zonas Reservadas de Seguridad a 11 proyectos mineros.
Por Gabriela Ruiz Agila
Ciudad de México, 21 de marzo (Open Democracy).– El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones sociales, sindicales y del movimiento indígena marcharon para conmemorar la lucha por los derechos laborales y conquistas sociales de las mujeres. La CONAIE anunció que acompañaría a la Gran Marcha y enfrentó campañas de desprestigio y amenazas. El pasado 17 de marzo, tuvo lugar la asamblea de organizaciones sociales y sociedad civil para el análisis de la grave crisis en el Ecuador.
A partir de esta fecha y hasta el 28 de marzo, se espera una movilización nacional en rechazo del modelo de Gobierno del banquero Guillermo Lasso donde participarán la Unión Nacional de Educadores, organizaciones sindicales, ambientales y plataformas que se activan por la destitución del Presidente Lasso. Otro factor de presión proviene de la Asamblea Nacional que aprobó el 4 de marzo el Informe de la Comisión que investigó las denuncias de corrupción que vincularían al cuñado del Presidente, Danilo Carrera y otros funcionarios del círculo de mando en el Gobierno.
EL GOBIERNO “HA ENCENDIDO UNA CHISPA”
El 24 de febrero, la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE) junto a Feine y Fenocin, convocó a una Asamblea con sus bases para definir su estrategia frente al incumplimiento de los acuerdos de las Mesas de Diálogo frente para resolver las demandas del Paro Nacional de junio 2022.
El Gobierno de Lasso se comprometió a implementar una moratoria a todos los proyectos mineros y no abrir el catastro minero para nuevas concesiones, pero contradiciendo su palabra, se intentó declarar Zonas Reservadas de Seguridad a 11 proyectos mineros.
“Queremos garantizar la paz cuando nos han llamado violentos, terroristas” explicó Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, para “deslegitimar las luchas que hemos tenido más de 500 años los pueblos indígenas(…). Incumpliendo los acuerdos, lo que ha hecho el gobierno es “encender una chispa” que si se vuelve una fogata, es responsabilidad del gobierno”, refirió Iza.
Ese mismo día, los miembros de la comunidad Cofán de Dureno denunciaron el conflicto propiciado por Petroecuador para dividir a los comuneros, y lograr la firma de la consulta previa, libre e informada. Por un lado, un grupo de comuneros defiende el territorio mientras otro grupo, pretende permitir el ingreso de la petrolera. El 9 de enero, el Gobierno empleó policías y militares para ingresar, produciéndose un enfrentamiento el 12 de enero.
El recrudecimiento de la violencia es latente en las comunidades donde el gobierno pretende incrementar la extracción minera y petrolera. Derrames como el del 21 de enero en la comunidad de Dureno, no se atienden y perduran los efectos de la contaminación tras décadas de explotación.
MIEDO A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
El 24 de febrero, la CONAIE rompió el diálogo. Lasso no acudió nunca a las mesas de diálogo. Tampoco ninguna de las bancadas en la Asamblea atienden el pedido de diálogo del “Gobierno del Encuentro”.
El nuevo operador político para salvar el gobierno de Lasso es el abogado y catedrático, Henry Cucalón, nombrado Ministro de Gobierno. Cucalón demuestra control sobre las líneas políticas y declaraciones reactivas a los anuncios de la CONAIE a quien atribuyó una “actitud antidemocrática” por parte de quienes intentan imponer “la irracionalidad y la violencia”.
El 26 de febrero, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, levantó en twitter la campaña “Un millón de Voces contra el Paro” para “decirle al amigo IZA que no queremos violencia, no queremos el PARO”. Tres días antes, por su actuación y responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional de junio de 2022, Carrillo fue censurado por la Asamblea Nacional. Ordenó la requisición a la Casa de la Cultura que implicó la trasgresión a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco.
Carrillo, mano derecha de María Paula Romo, ejecutaron una política de seguridad que identificaba como “enemigo” al movimiento indígena. En territorio, presionan sobre dos comunas al nororiente, Tanda Pelileo, y al sur de la capital, Santa Catalina, así como San Miguel del Común, son mapeadas en los informes militares son estratégicos para la logística y sostenimiento de la movilización indígena.
A los altos niveles de conflictividad social, se suma el desprestigio de la institución policial por lo ocurrido en el caso del feminicidio de la abogada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía. Lasso protegió a los generales de Policía, Mauro Vargas y Giovanni Ponce implicados en el caso León de Troya donde se investigan lazos con la mafia albanesa y narcotráfico.
El Gobierno pasó de advertir a las feministas y grupos sociales autoconvocados a reconocer en la Marcha del #8M, la lucha histórica por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Primero, el Ministro del Interior, Juan Zapata afirmó que 60.000 policías estaban listos para defender el orden público, es decir, al Presidente Lasso. ¿Y para proteger a los ciudadanos?, cuestionaban analistas y detractores políticos del régimen.
Apenas unas horas antes retiró a los miembros de la policía. “Que en ese marco haya jornadas de protestas, bienvenido sea, nuestra Constitución lo ampara”, dijo. Sin la presencia de la policía, la Marcha por el Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo en completa paz.
Desde la Amazonía, las voces contra el extractivismo y la contaminación ambiental son fuertes y se escuchan en escenarios internacionales
En el caso de las Mujeres Amazónicas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades, su presencia viene consolidándose año con año. Fueron ellas quienes cargaron la pancarta con el rostro de Eduardo Mendúa, líder cofán asesinado. Desde la Amazonía, las voces contra el extractivismo y la contaminación ambiental son fuertes y se escuchan en escenarios internacionales como la COP o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir la garantía de derechos colectivos.
EL ASESINATO DE EDUARDO MENDÚA
El domingo, 26 de enero, fue asesinado el líder del pueblo A’i Cofán, Eduardo Mendúa. Como dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, participó del Consejo Ampliado convocado por organizaciones base del movimiento indígena en Ecuador apenas dos días antes en la Casa de la Cultura. ¿Fue una advertencia para la CONAIE?
En 2022 denunció y responsabilizó a la petrolera estatal Petroecuador y al gobierno del presidente Lasso por la violencia generada en Dureno, comunidad en la provincia de Sucumbíos. Están en juego tres plataformas, 30 pozos petroleros, administrados por Petroecuador.
El asesinato de Mendúa en la chakra de su casa en Sucumbíos con doce tiros, bien pudo ser la chispa que encendiera el descontento. Sin embargo, el movimiento indígena guardó luto y se unió a la Marcha del #8M rindiendo homenaje a su memoria. Otros defensores han sido asesinados: María Taant, lideresa Shuar, Alba Bermeo Puin de Molleturo y Andrés Durazno, defensor del agua y los páramos de Río Blanco, provincia de Azuay. Continuamente, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos exhorta a la Fiscalía a investigar los hechos y sancionar a los responsables en un entorno que se vuelve más violento contra los defensores.
EL DERECHO A LA RESISTENCIA
El histórico Valle de Intag es un ejemplo de resistencia donde existen más de 350 especies de aves, 900 especies de insectos, 400 variedades de orquídeas, 290 especies de plantas por hectárea, cinco felinos, tres especies de monos y varias especies en peligro de extinción.
El 11 de marzo, la Asamblea Comunitaria en Intag, provincia de Imbabura, mantiene un proceso de 28 años de resistencia. Ha expulsado a dos transnacionales mineras y actualmente enfrenta una batalla judicial contra la minera Codelco de Chile.
Otro caso que se debe hacer notar, es el posible desalojo de 150 familias de la comunidad Kichwa Tzawata en la provincia de Napo, a orillas del Río Anzu. Por petición del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador para favorecer a la empresa Terraturism, fiduciaria de la transnacional minera Terra Earth Resources S.A. de capitales chinos. La comunidad solicitó apoyo a la Defensoría del Pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas y a la Policía a abstenerse y desistir de cualquier intento de desalojo.
La asambleísta Mireya Pazmiño electa por el Movimiento Pachakutik, denunció en el parlamento ecuatoriano, el uso de la fuerza pública para proteger los intereses de las transnacionales en lugar del patrimonio y la integridad de los ecuatorianos. “Lasso es el principal problema del Ecuador. Él y su gobierno ahora pretenden usar la fiera pública para protegerlo”.
La Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos rechazó la promoción que el Gobierno ecuatoriano hace del Ecuador como destino de inversión minera en el mundo, en la convención del PDAC de Canadá. La alta conflictividad social que se manifestó en el Paro Nacional de 2022, demuestra una vez más el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional.
A pesar de sus compromisos verdes y anuncios de transición ecológica, el gobierno ecuatoriano planea expandir la “frontera petrolera” en la Amazonía, con muchos de los proyectos planificados ubicados dentro del territorio indígena sin la debida consulta previa, libre e informada a la que tienen derechos los pueblos. El Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, se refirió a los pueblos y nacionalidades de forma ofensiva llamándolos “tribus” en su comparecencia en la Asamblea Nacional, asegurando que la industria petrolera le trajo paz al Ecuador, “antes del petróleo era un país atrasado” aseguró.
“PRESIDENTE LASSO, PRESENTE RENUNCIA”
El 24 de febrero, el Consejo Ampliado de la CONAIE determinó 14 resoluciones siendo la principal, exigir la renuncia del presidente Guillermo Laso, que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional den paso al juicio político que pueda destituirlo y encontrar una salida institucional a la grave crisis que afecta al país.
Actualmente, 7 de cada 10 ecuatorianos no cuenta con un empleo formal y la tasa de homicidios es de 16 por cada 100 mil habitantes. El 2022 cerró con una tasa de muertes violentas de 13.7 por ciento por cada 100 mil habitantes. Estas son dos probables causas de la nueva ola migratoria de ecuatorianos hacia el exterior en busca de mejores oportunidades.
La situación de gobernabilidad se agrava con las denuncias de corrupción donde el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera estaría implicado en un entramado que opera en las empresas públicas como Petroecuador. Exempleados del Banco Guayaquil, propiedad del Presidente Lasso, así como funcionarios de la Fundación Ecuador Libre, han sido nombrados en el también denominado Caso Encuentro. donde se presume además la vinculación con mafias del narcotráfico albanesas.
El 4 de marzo, el Pleno de la Asamblea aprobó el Informe elaborado por la Comisión Legislativa que investigó las denuncias por corrupción del caso denominado El Gran Padrino. El informe recomienda el Juicio Político al presidente Guillermo Lasso que podría implicar la destitución de su cargo.
“Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado”, dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Frente a una eventual acción del Ejecutivo de aplicar el mecanismo de ”muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional, la CONAIE y organizaciones advirtieron que no permitirán que disuelva las funciones del Estado. De tomar ese camino, la CONAIE convocará a un levantamiento y un paro nacional.
El 28 de marzo se prepara una concentración y movilización hacia la Asamblea Nacional para presentar la Ley Orgánica Intercultural de la Gestión del Agua y de sus Usos promovida por la Conaie y organizaciones de base social. Entonces, el panorama político del país puede devenir en mayor conflictividad y la necesidad de encontrar una salida constitucional a la crisis que enfrenta el país.
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