El Estado de México y Coahuila, los últimos bastiones del PRI, tendrán elecciones en junio de este año en contextos donde las mujeres sufren el aumento de la violencia feminicida y la criminalización constante.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El Estado de México y Coahuila renovarán en junio sus gubernaturas con importantes pendientes en materia de seguridad y de respeto a los derechos de las mujeres y niñas. Las administraciones priistas de Alfredo del Mazo Maza y Miguel Riquelme Solís acumulan el mayor número de víctimas de feminicidio en los últimos años, un aumento en las denuncias de violencia contra las mujeres, desapariciones y delitos como trata de personas.
En ambas entidades el voto de las mujeres es decisivo, pues representan el mayor porcentaje de personas con credencial electoral vigente. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), 52 por ciento de los más de 12 millones 561 mil personas de la lista nominal del Estado de México son mujeres, mientras que en Coahuila son el 50.66 por ciento de los 2 millones 326 mil 230 personas registradas.
Además de los rezagos en temas de seguridad, tanto del Mazo Maza en el Estado de México, como Riquelme Solís en Coahuila le heredarán a los gobiernos entrantes más niveles de pobreza. Las últimas cifras del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que para 2018 la población en situación de pobreza extrema –es decir, con ingresos tan bajos que se les complica acceder a la canasta básica– en Coahuila representaba el 1.5 por ciento, y para 2020 aumentó a 2.6, mientras que en el Estado de México pasó de 4.7 a 8.2 por ciento.
En cuanto a los niveles de pobreza, el último monitoreo de Coneval mostró que en 2018, 25.5 por ciento de la población estaba en esta situación en Coahuila y para 2020 creció a 25.6. A las mujeres, este contexto las afecta de manera particular, pues su ingreso trimestral monetario es 54 por ciento menor al de los hombres, que en promedio ganan 27 mil 283 pesos en ese periodo, frente a los 17 mil 691 pesos que ellas obtienen.
En el Estado de México, de 2018, el primer año de Gobierno de Alfredo del Mazo, el Coneval calculó a 41.8 por ciento de personas viviendo en condiciones de pobreza, pero para 2020 ya eran 48.9 por ciento. En la entidad, el ingreso trimestral de los hombres es 33 por ciento mayor al de las mujeres, según estos datos, se estima en 22 mil 150 pesos frente a los 16 mil 595 pesos de ella.
Las mujeres en el Estado de México han dejado claro que no se sienten seguras. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 colocó al Estado de México como la entidad donde más mujeres han experimentado violencia, con 78.7o por ciento, y Coahuila en el sexto lugar con 72.3 por ciento.
Ahora, ante el panorama electoral que arrancó el 14 de enero con el inicio de las precampañas, defensoras de los derechos humanos llaman a las aspirantes a gobernar el Estado de México y a los candidatos de Coahuila a “que se comprometan de verdad, a trabajar para generar mejores condiciones de vida para las mujeres y cumplir sus obligaciones, como la que tienen de cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, mencionó Karina Bolaños, integrante de la Asamblea vecinal “Vivas Nos Queremos Neza”, creada en 2017, el año que inició el Gobierno de Alfredo del Mazo, y que desde entonces han documentado una serie de violaciones a los derechos de las niñas y las mujeres mexiquenses.
EDOMEX: DOS ALERTAS Y GRANDES PENDIENTES
El Estado de México, al igual que Coahuila, es uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aquí las mujeres denuncian que arrastran desde hace décadas condiciones de marginación y pobreza extrema, a lo que se suman los altos niveles de violencia.
El Estado de México fue la primera entidad en donde se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), un mecanismo de emergencia, y hasta el momento cuenta con dos, la primera se decretó el 31 de julio de 2015 en 11 municipios de la entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. La segunda, el 20 de septiembre de 2019, en respuesta al incremento en la desaparición de mujeres en la entidad.
Pese a estas declaratorias, en la entidad las víctimas de feminicidio han aumentado desde 2018, el primer año de la gestión de Alfredo del Mazo, hasta noviembre de 2022. En 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 118 víctimas de este delito cometido por razones de género, y para noviembre de 2022 sumó 140 y 15 de sus municipios se encuentran entre los 100 de mayor incidencia nacional de este delito. Es la entidad con más casos desde 2018, sólo ocupó el segundo lugar en 2019.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones peticionarias de la primera AVG, considera que a unos años de la declaratoria, la atención a las mujeres que buscan justicia en la entidad ha mejorado porque se ha extendido el concepto de feminicidio, pero reconoció que aún hay grandes pendientes porque las mujeres que denuncian violencia siguen siendo criminalizadas. A ello se suma, dijo, que en las dependencias no hay continuidad entre los avances que logra una y otra administración a nivel estatal y municipal.
“Cuando hay cambios de Gobierno, todo se retrasa, o se corre el riesgo que un año antes de las elecciones todo se opera para la campaña electoral, y todos los procesos tienden a moverse. Aunque haya gente muy buena, que se ha estado formado, las quitan y ya no hay continuidad, entonces es volver a iniciar”.
Elsa Vista, integrante de la Asamblea “Vivas Nos Queremos Neza”, recordó que a ese discurso se enfrentaron en 2017, cuando acompañaron a la familia de Valeria Teresa Gutiérrez, una niña de 11 años asesinada, a presentar su denuncia. “Les dijeron que estaban ocupados con las elecciones, que no los podían atender. Por eso decimos que la invitación sigue siendo a organizarnos entre nosotras porque no importa el partido en el Gobierno, sea hombre o mujer, nada nos garantiza que se cumplirán nuestros derechos”, expuso.
Por su parte, Luz Estrada reconoció que uno de los grandes pendientes del Estado de México es avanzar en la medidas de prevención de la violencia contra las mujeres, porque si bien se han creado protocolos especializados para investigar delitos con perspectiva de género, no hay un seguimiento ni evaluación sobre qué tanto se ponen en práctica.
Además de las 680 víctimas de feminicidio contabilizadas de 2018 a noviembre de 2022, en esos años otras mil 336 mujeres fueron víctimas de homicidios dolosos. A ello se suma que el Estado de México ha ocupado en los últimos años los tres primeros lugares como la entidad con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, sólo de enero a noviembre de 2022 el SESNSP sumó 50 mil 783, lo que colocó al estado en el tercer lugar nacional con más registros.
“La alerta sigue presente porque la violencia sigue poniendo en riesgo a las niñas y las mujeres. No sólo estamos hablando de la violencia más extrema, que son la desaparición, los feminicidios, hablamos de la violencia sexual y de la violencia familiar, donde el Estado de México sigue teniendo pendiente implementar con éxito mecanismos de protección como las órdenes de protección”, mencionó la coordinadora del OCNF.
Datos del SESNSP también muestran que otro delito que crece en el estado es la trata de personas, pues en 2019, con 25 mujeres víctimas, fue el cuarto lugar a nivel nacional, pero en 2020, 2021 y 2022 fue la de más registros, en total acumuló 421.
Ante este panorama, la organización de mujeres ha crecido en la entidad y la respuesta de las autoridades ha sido reprimir las protestas, denuncian defensoras. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió en septiembre de 2020, cuando 11 mujeres y seis menores de edad fueron detenidas mientras protestaban en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), aunque horas después fueron liberadas, expusieron que fueron agredidas durante su arresto.
“Las compañeras fueron golpeadas, fueron torturadas, fueron detenidas y no hubo una respuesta de de favorable de ninguna autoridad. Este Gobierno se va d con esa deuda, dejando la impunidad represiones como esa, no hay ninguna sanción para servidores públicos”, mencionó Elsa Vista.
El año pasado activistas de Nezahualcóyotl que forman parte de la asamblea vecinal también denunciaron que policías ingresaron a su domicilio sin mostrarles una orden de cateo, lo que fue calificado por diversas organizaciones como un caso de un hostigamiento por la labor que realizan como defensoras de derechos humanos y promotoras culturales.
“Cuando acompañamos a las mujeres a denunciar nos topamos con autoridades que nos piden dejarlos hacer su trabajo, pero muchas veces si las familias no presionan, difícilmente los casos avanzan”, agregó Elsa Vista.
En este contexto, la implementación de 2019 de la AVG por desaparición de mujeres tampoco ha dado buenos resultados. Hasta este mes, el Estado de México es la segunda entidad con más mujeres desaparecidas, con mil 360, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Las y los candidatos en el Estado de México están obligados a dejar claro qué harán, la violencia contra las mujeres es grave y no pueden cerrar los ojos. Se ha avanzado en cosas, pero no son todavía suficientes”, dijo Luz Estrada.
LOS DATOS DE COAHUILA
En esta entidad, donde hasta la fecha sólo se han registrado hombres como precandidatos a gobernar, la violencia feminicida se ha duplicado de 2018 a la fecha. En el primer año de Gobierno de Riquelme Solís el Secretariado Ejecutivo sumó 13 víctimas y de enero a noviembre de 2022 fueron 24.
La Red de Mujeres de la Laguna solicitó en 2017 la Alerta de Violencia de Género porque alertaron de un contexto que permitía que feminicidios se cometieran en impunidad, sin embargo, la Secretaría de Gobernación determinó un año después que las autoridades estatales cumplieron con una serie de recomendaciones, por lo que no vio necesario decretarla.
“Aunque el Gobierno haya cumplido con esas observaciones que le hicieron, vemos que lo que sigue siendo hasta ahora es un fracaso, tanto en la prevención como en la atención y la sanción de delitos cometidos contra las mujeres”, mencionó Adriana Teresa Romo Salado, integrante de la red que acompaña casos de violencia contra las mujeres desde hace 27 años.
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En la entidad, 114 mujeres han sido víctimas de feminicidio desde 2018 y otras 58 de homicidios dolosos. La activista resalta que una muestra de este fracaso en la atención a la violencia son el aumento de incidentes relacionados, por ejemplo, con la violencia familiar.
“La violencia familiar va en aumento año con año los delitos sexuales crecen, ahí está el caldo de cultivo para los feminicidios, pero las autoridades no se enfocan tampoco en políticas públicas de prevención. A veces acompañamos mujeres que ya van a poner la quinta, la secta denuncia por violencia. ¿Qué ha pasado con las otras cinco o las otras cuatro veces que ha ido? Si hablamos de feminicidio nosotras partimos del supuesto de que no es algo que se gesta de la noche a la mañana, ¿qué pasa con todo el tiempo previo, que pueden ser años, en donde esa violencia va escalando? Es decir, en donde hay amenazas de muerte, todo lo que tiene que ver con lo que va conformando la violencia feminicida. Ahí estamos en cero, con la violencia institucional Y la violencia estructural”, alertó la activista.
Coahuila se ha mantenido desde 2019 entre los 10 primeros lugares de entidades con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres por cada 100 mil. Hasta noviembre ocupó el lugar siete con más llamadas, con 486.2, cuando la media nacional fue de 471.4.
Un contexto similar se observa con las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, pues en noviembre fue el puesto cinco con más llamadas por cada 100 mil mujeres, con 953.8, y la media nacional fue de 425.7. Además, en delitos como la trata de personas, desde 2018 hasta noviembre de 2022 se contabilizaron 43 mujeres víctimas; en 2020 el estado ocupó el lugar 11, en 2021 el 10 y para noviembre de 2022 ya era el puesto nueve.
Como respuesta a la violencia, el Gobernador Miguel Riquelme ha defendido la creación de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y apenas en diciembre los calificó como “un referente en el país de la atención a víctimas”. Sin embargo, desde la Red de Mujeres de la Laguna cuestionan la efectividad de esta dependencia, pues luego de acompañar mujeres a presentar sus denuncias han sido testigos de que los procesos pueden tardar hasta siete horas, además, denunció que los ministerios públicos siguen minimizando los casos.
“La realidad es que a pesar de todas las leyes, reglamentos e instancias que han surgido, diferentes dependencias, comisiones, secretarías, lo único real es que la vida cotidiana de las mujeres, el día a día ha cambiado muy poco y en algunos aspectos en algunos este fenómenos pues incluso ha empeorado”, destacó Romo Salado.
Al igual que las defensoras del Estado de México, en Coahuila las expectativas sobre el próximo Gobernador son bajas. “Ya sabemos que en las campañas el discurso va a estar lleno de mujeres, la igualdad, pero tendremos que ver si hay un compromiso real, lo que es cierto es que para los grupos organizados de muejres cada cambio de administración es como volver a empezar”, agregó.
Montserrat Antúnez Estrada
Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.