Ser director regional de la DEA para México y América Central no es cualquier cosa. De ese cargo depende el éxito de operaciones antinarcóticos en las que se juega el futuro de toneladas de droga y millones de dólares. Llegar a esa posición exige (o debería exigir) profesionalismo, experiencia y buen criterio. O no.
Nicholas Palmeri llegó a la Ciudad de México a finales del 2020. ¿Su cargo? Director regional de la DEA para México y América Central. Entre sus misiones estaba la de coordinar la estructura y política de la agencia en el territorio más importante del mundo para la DEA; es ahí, al sur del Río Bravo, hacia donde se canalizan millones de dólares para impedir que crucen la frontera las drogas tan deseadas por los consumidores estadounidenses.
Palmeri apenas duró 14 tristes meses en el puesto. Durante ese tiempo, el ahora exdirector de la DEA en México y América Central mostró todo menos profesionalismo, experiencia y buen criterio. En mayo de 2022 ya había sido destituido. Las razones las mantuvo la DEA en secreto y solo las supimos hace una semana gracias a una investigación de AP y The Washington Post.
Según la información periodística, corroborada por fuentes de la DEA, durante su encargo en México, Palmeri mantuvo una relación cercana con al menos dos abogados de narcotraficantes. En el centro de la investigación está el que Palmeri y su esposa hayan pasado un fin de semana en la casa de un abogado de narcotraficantes en Miami. Con ellos abrieron vinos, rieron y festejaron. Y quién sabe cuánto más.
La situación de Palmeri aterroriza, pero no sorprende. Hace dos meses escribí, en este mismo espacio, sobre el caso de José Irizarry, exagente de la DEA. Irizarry acababa de ser sentenciado a doce años de cárcel por la comisión de diecinueve delitos distintos, incluyendo lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad (1). Según el veredicto del juez, en siete años, Irizarry logró desviar más de nueve millones de dólares de fondos etiquetados para investigaciones contra el lavado de dinero. Por si fuera poco, en su declaración se llevó de corbata a varios de sus colegas a quienes acusó de recolectar dinero proveniente del lavado de activos. Irizarry es solo uno de la docena de agentes de la DEA que en los últimos tres años han sido sentenciados por delitos similares. ¿Cuántos seguirán operando hoy en completa libertad?
La destitución de Palmeri se dio en completa discreción y tras bambalinas. Para no generar un escándalo, la DEA decidió jubilarlo antes de tiempo y no investigar a profundidad ni su relación con los abogados ni el que, durante su tiempo en México, solicitara reembolsos de fondos de la lucha contra las drogas para pagar su propia fiesta de cumpleaños. El temor no era provocado por tener en sus filas a un funcionario corrupto, sino que se enterara la prensa de ello. Ese es el estándar ético de la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos.
El affaire Palmeri enturbia la relación ya de por sí complicada entre la DEA y el Gobierno mexicano. Los episodios de conflicto han sido muchos. Se hace difícil enumerarlos. Aquí van tres: el cierre de la unidad de élite de la policía mexicana que llevaba trabajando con la DEA desde principios de siglo; la cancelación del permiso de vuelo del avión estrella de la agencia; y la publicación de nuevos lineamientos para acotar el margen de operación de los agentes extranjeros en México. Todas han sido acciones que contrastan con la política de puertas abiertas que disfrutó la DEA durante la presidencia de Felipe Calderón.
Para justificar estas decisiones, Andrés Manuel López Obrador ha sugerido en varias ocasiones que la DEA en México está infiltrada por delincuentes. A juzgar por el caso Palmeri, el Presidente lleva razón. El juicio de Genaro García Luna podría ofrecer —todavía— más evidencia a una narrativa que parece cada vez más difícil de desmontar: algo huele a podrido en la DEA.
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1. Carlos A. Pérez Ricart, “Las fiestas y los excesos de la DEA”, Sin Embargo, 22 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/22-11-2022/4287845
Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.