Conocemos el guión. Sabemos que trasciende ideologías y proyectos partidistas. Cuando el autoritarismo se instaura o está en vías de hacerlo, ataca primero a la prensa y a la sociedad civil organizada. Así sucedió en Nicaraguay en El Salvador. Ahora sucede en Guatemala a partir de un proceso de degradación paulatino de las libertades democráticas que efímeramente se habian gozado, hasta antes de la llegada del presidente Jimmy Morales (2016-2020).
El rayo de esperanza en Guatemala se vislumbró mucho tiempo después del acuerdo de paz alcanzado en 1996, después de 30 años de conflicto armado interno y atrocidades cometidas a manos de los militares que configuraron un verdadero genocidio. La herida abierta se mantuvo hasta entrado el siglo XXI, cuando se materializó en 2007 la posibilidad de un proceso de justicia transicional de la mano de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por acuerdo de la ONU y el gobierno nacional.
El fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia arrojó resultados alentadores. Se instauraron procesos por genocidio, se procesaron macrocasos de corrupción. Algunos casos de ataques contra periodistas fueron investigados y llevados a juico. Incluso se identificaron los llamados “netcenters” o “granjas de trolls” que hoy cunden por America Latina atacando periodistas, activistas y opositores. Pero el éxito de la CICIG y el proceso de justicia transicional fue su sentencia de muerte.
Cuando funcionarios honestos y comprometidos de una fiscalía verdaderamente volcada a la justicia comenzaron a investigar al ex presidente Morales y su familia, las cosas se vinieron abajo. En ese momento se agudizó un proceso para acabar con la asistencia técnica internacional, que culminó formalemte en 2019 con el cierre de la CICIG. Pero tambièn detonó un proceso para cooptar a la fiscalía, la Procuraduría de derechos humanos y las judicatura, incluida la Corte Constitucional.
La llegada de Alejandro Giammattei en 2020 ha recrudecido este proceso en el que las élites políticas, económicas, militares y criminales recuperaron el poder, y lo más importante, garantizaron mayor impunidad para sí. Hoy, la prensa libre y crítica, ese enemigo a vencer en los procesos de vuelta a los autoritarismos, enfrenta un asedio permanente.
El punto de inflexión en la escalada de violencia contra periodistas y comunicadores fue la detención de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, en julio de 2022. Acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, la detención de Zamora constituye un punto de inflexión. Apenas el lunes elPeriódico anunció su cierre defintivo. El mensaje es claro, si pueden hacer eso con un periodista y medios ampliamente reconocidos, lo harán con cualquiera.
En este contexto, 10 organizaciones internacionales[1] y regionales realizamos una misión de observación para documentar de primera mano la situación de la prensa en Guatemala. Después de 10 días de recorrer el territorio, se presentaron las conclusiones preliminares siguientes:
- En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. La misión observó que existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país.
- Los ataques a la prensa, particularmente la comunitaria, no son nuevos. Pero los dos recientes gobiernos marcan un hito en la reactivación y expansión de esta estrategia de acoso, intimidaciòn y criminalización.
- Lamentablemente, el caso de elPeriódico no es aislado. La misión constató otros casos preocupantes para el periodismo en sus diferentes expresiones – como por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Norma Sancir y la agresión sufrida por Sonny Figueroa.
- Las personas periodistas se convierten en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes o ser incluidos en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos.
- Alrededor de 20 personas periodistas dejaron el país tras ser amenazadas o acusadas judicialmente por coberturas incómodas al poder. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte, incluso de candidatos. En este clima muchos periodistas han decidio dejar de firmar sus notas, o de plano, callarse.
- El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los anunciantes refuerza los intentos de silenciamiento.
- La autocensura también es resultado de la actuación de “net centers” y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la llamada Fundación Contra el Terrorismo.
- El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor.
- La respuesta institucional a este escenario es insuficiente. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas.
- El acceso a fuentes estatales está restringido y la ley que debería garantizar el acceso a la información pública se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes.
El panorama es desolador pero puede serlo más. Ejemplos sobran en la región. Por ello no hay que quitar la mirada de Guatemala y el fantasma del autoritarismo que amenaza con imponerse…otra vez.
[1][1] ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Comité por la Protección de Periodistas (CPJ), Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la LIbertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, IFEX- ALC, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur
Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.