El Gobierno de Nicaragua, encabezado por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dio una vuelta de tuerca más en su camino de construir una dictadura autoritaria, al anunciar a principios de febrero que quitaba la nacionalidad a más de 300 opositores por supuesta traición a la patria, entre los que se encontraban líderes de las revueltas 2018 contra el régimen, periodistas, escritores, y ex integrantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El antecedente de esta decisión autoritaria y represiva de la dupla Ortega-Murillo ocurre en el contexto de las condenas internacionales contra el régimen del FSLN que mantenía en la cárcel a cientos de presos políticos, la mayoría jóvenes que se destacaron en las movilizaciones del año 2018 y otros políticos opositores que fueron detenidos previamente antes de las elecciones de 2021 en las que Daniel Ortega se reeligió como Presidente por cuarta ocasión.
En este contexto de protesta interna y presión internacional el Gobierno de Ortega anunció el pasado 9 de febrero la excarcelación de 222 presos políticos a los que se subió, sin que se les informara su destino, a un vuelo chárter que terminó en el aeropuerto internacional de Washington, D.C., Estados Unidos. El Gobierno de Nicaragua informó que logró un acuerdo para que el Gobierno del Presidente Joe Biden recibiera a los nicaragüenses excarcelados para que recibieran asilo en Estados Unidos.
Pero el mismo día de su excarcelación, la dictadura de Ortega echó a andar un perverso mecanismo para eliminar la nacionalidad de los 222 presos enviados a Estados Unidos. Mientras los opositores viajaban a Washington, la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante FSLN, aprobó una reforma para despojarlos de su nacionalidad. Fue una reforma legal exprés. Después de deportar a los opositores, la Asamblea Nacional reformó la Constitución al considerar traidores a la patria a quienes violaran la “Ley de Defensa de los Derechos de Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”.
“La reforma modificó el artículo 21 de la Constitución para adherirle un párrafo. ‘La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense’, se lee en el texto de la enmienda. Minutos después, la Asamblea aprobó la llamada Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense. En esta se establece que las personas sentenciadas por violar la Ley 1055 ‘perderán su nacionalidad’”, según el recuento del proceso legal hecho por la BBC (https://bbc.in/3EE15YA).
Una semana después, el 15 de febrero, el régimen de Daniel Ortega despojó a otros 94 personas la nacionalidad nicaragüense. Entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el periodista Carlos Fernando Chamorro; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH).
Las reacciones tanto en Nicaragua como en el extranjero, no se hicieron esperar. Un organismo defensor de los derechos humanos recordó que las medidas tomadas por el Gobierno de Ortega y Murillo son ilegales e inconstitucionales, pues el artículo 20 de la Constitución nicaragüense establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”. Pero al régimen sandinista no le importaron estas críticas, como las ha ignorado en el pasado. Varios países, han ofrecido asilo y la nacionalidad a los nicaragüenses expatriados, entre ellos España, Estados Unidos, Argentina, Chile y el Gobierno mexicano, según anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de febrero.
A pesar de la injusta medida, algunos de los expatriados han reaccionado con dignidad a la medida autoritaria medida del régimen de Ortega y Murillo, como el escritor Sergio Ramírez quien en declaraciones a la BBC sostiene que “Quitarle el país a alguien es una cosa completamente absurda. Te pueden hasta despellejar, pero tú país no te lo quitan ni aunque te dejen en carne viva” (https://bbc.in/3SD9Yav).
Es muy triste e indignante lo que ocurre en Nicaragua. Como se sabe, el FSLN encabezó una revolución popular contra la dictadura de la familia Somoza que, con el apoyo de Estados Unidos, implantó una dictadura que por décadas gobernó mediante la represión y el terror contra la población y los opositores. La revolución sandinista llegó al poder el 19 de julio de 1979, hace casi ya 44 años.
Tras la llegada de los sandinistas se echaron a andar varias medidas en un sentido que pretendían revolucionar la realidad de ese pobre y pequeño país centroamericano. Pero al mismo tiempo ocurrieron dos cosas: el acoso y el cerco imperial de Estados Unidos que armó y financió una contrarrevolución; la segunda cosa que ocurrió es que la revolución se empezó a echar a perder por la ambición de la clase gobernante, proceso que inició con la llama “piñata sandinista” mediante la cual la nueva clase gobernante expropió fincas y residencias de la antigua oligarquía para quedársela ellos mismos. El FSLN perdió en las elecciones de 1989 frente a Violeta Chamorro, respaldada por Estados Unidos.
Pero tras su regreso al poder en 2007, se ha aferrado a él y ha emprendido una cacería de brujas al interior del FSLN, expulsando y persiguiendo a antiguos compañero de al revolución.
El mismo Sergio Ramírez retrató todo el viraje ético y político de los sandinistas en su libro Adiós muchachos. En este libro cuenta cómo el frente político que enfrentó unido la última parte de la dictadura somocista, se fue resquebrajando en buena medida por las imposiciones antidemocráticas del FSLN y la ambición del poder de algunos de sus dirigentes, especialmente Daniel Ortega.
A 44 años del triunfo de la revolución, el sandinismo se ha convertido en todo contra lo que lucharon. Ahora lo que impera en Nicaragua es una contrarrevolución, un Gobierno de mano dura que persigue y reprime a sus opositores. El régimen de Ortega y Murillo son la nueva dinastía política de ese país, ejerciendo un poder político autoritario que no sólo controlan los poderes públicos, varios medios de información, sino empresas públicas y privadas a través de sus hijos con las que han amasado una cuantiosa fortuna.
Sólo los ilusos o dogmáticos pueden llamar a este régimen revolucionario o de izquierda. El FSLN, la organización que fuera parte central de la rebelión contra la dictadura somocista, se convirtió en una nueva forma de opresión, aunque se vista de rojo y negro y se llame de izquierda.
Rubén Martín
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