El acuerdo de venta de baterías entre una filial de una empresa española y Segalmex se cerró por 14.8 millones de pesos sin IVA en 2019, pero apenas se entregó el 40 por ciento de los adquirido; la filial argumenta que fue la dependencia la que le pidió no entregar el total del pedido por falta de espacio en almacenes.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– La venta en Europa del Este de pilas marca “Segalmex”, que se refiere a Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno federal de México creado para vender productos –desde comida hasta azucar– a precios más bajos a los más necesitados, fue revelada este viernes por el diario español El País, en medio de los diversos descubrimientos sobre desfalcos millonarios en esta dependencia.
La venta fue certificada por el diario en supermercado Carrefour de la ciudad de Varsovia. Ahí, detalla el reportaje de Zedryk Raziel y Georgina Zerega, se venden los paquetes de ocho pilas “Segalmex” por 9.99 zlotys, la moneda polaca, unos 42.83 pesos mexicanos al cambio de este día.
La distancia entre ambos países –de un lado a otro del Océano Atlántico– es de unos 10 mil 200 kilómetros. Las pilas atravesaron mares y continentes para llegar a Polonia y todo comenzó en 2019, cuando Segalmex compró las baterías a la empresa Tempoel México SA de CV a finales de ese año como parte del Programa de Abasto Rural, reporta el medio español.
Tempoel es una filial de Tempel Group, una empresa española trasnacional. Como sucedió con otros casos de desfalcos millonarios, como el de los garrafones de agua y carne, la compañía no entregó a Segalmex la cantidad completa de pilas compradas a pesar de que, según El País, que cita auditorías internas, se hizo el pago total por adelantado.
“La proveedora mexicana ha confirmado a El País que, en efecto, no hizo la entrega de todo el pedido, pero responsabilizó a Segalmex de frenar la recepción del producto y de obligarla a mantenerlo almacenado en sus bodegas con la fecha de expiración en puerta”, señala el reportaje.
El acuerdo entre la filial y Segalmex se cerró por 14.8 millones de pesos sin IVA, a cambio de casi 1.2 millones de baterías de diferentes modelos. La empresa asegura que el contrato fue firmado por Xavier Sambola Franco, el director de la filia, y Manuel Lozano, director comercial de Segalmex, hoy investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no por este caso.
Pero Segalmex recibió menos de la mitad de unidades compradas. Segalmex le dijo al diario español que recibió solamente el 39.73 por ciento del total, y el remanente es del 60.23 por ciento, unos 8.9 millones de pesos en pilas que no se entregaron. Sin embargo, la filial asegura que el producto no entregado es menor y no se entregó debido a que Diconsa les dijo que no había espacio en sus almacenes y que se entregara hasta que la dependencia diera las instrucciones.
Ahora, el producto apareció en Europa del Este. Las baterías son comercializadas por la empresa polaca Maxx10Group Sp. Zoo, confirmó el diario español. La compañía se localiza en un poblado rural y “se dedica a la compra de bienes en existencia a gran escala, es decir, productos que terceros tengan disponibles en sus almacenes”, añade.
Incluso, en internet se venden las pilas al mayoreo. Maxx10Group presume que tiene unos 40 mil “conjuntos” de baterías a 20 centavos de euro por unidad, es decir, unos cuatro pesos mexicanos, según El País, aunque aún se desconoce si Segalmex comerció las pilas directamente con la compañía polaca o si fue Tempoel. La dependencia se deslindó, argumentando que no tiene facultades para vender al extranjero sus productos.
A pesar de que Segalmex se creó como una institución gubernamental para favorecer a los sectores más vulnerables de la población, desde el inicio de sus operaciones y hasta el 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había generado observaciones en la Cuenta Pública por 14 mil 268 millones de pesos. De esta cifra, una parte fue aclarada y/o reintegrada a las arcas públicas, pero al momento de esta publicación aún subsistían 9 mil 821 millones 060 mil 322.15 pesos por aclarar.
La FGR ya investiga una parte de los desfalcos millonarios en Segalmex, particularmente el fraude del azúcar. De las 22 órdenes de aprehensión solicitadas y obtenidas por la FGR a inicios de marzo, al 19 de este mes se habían vinculado a proceso a 10 personas, entre ellas funcionarios públicos.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, dijo en ese momento la FGR.
Entre los acusados, se encuentran entre otros: René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo; José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa Servicios Integrales Carregin ligada a los contratos; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro; y Gonzalo Mora Nateras.
OVALLE, UNO DE LOS SEÑALADOS
Ignacio Ovalle Fernández, un político formado en el viejo priismo y exdirector general de Segalmex, podría estar implicado en el desfalco multimillonario de dicha institución, cuya investigación se encuentra actualmente en manos de la FGR. Frente a esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador –el mismo que lo invitó a desempeñarse en Segalmex– aseguró que si resulta involucrado en dicho saqueo, tendrá que asumir la responsabilidad.
Además de formar parte del Gobierno morenista, ser cercano a López Obrador y militar anteriormente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ovalle Fernández también ha tenido lazos estrechos con Movimiento Ciudadano, al fungir como presidente nacional de la Fundación emecista México con Valores a partir de 2012 y hasta al menos 2018, cuando todavía aparecía en publicaciones relacionadas con la organización.
Al inicio del sexenio de López Obrador, Ovalle Fernández entró a la administración federal como director de Segalmex, creada en el 2019, hasta que en abril del 2022 se realizó un cambio de funcionarios en medio de señalamientos de millones de irregularidades en gasto.
En su paso por la institución, trabajó con René Gavira Segreste, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas de Segalmex y fue el primer detenido por las investigaciones sobre el desfalco. Este personaje, al igual que Ovalle Fernández, participó con Movimiento Ciudadano.
