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INE presenta segunda controversia constitucional ante SCJN contra el Plan B electoral

El INE señaló que la iniciativa en materia electoral vulnera 25 disposiciones constitucionales debido a la violación de aproximadamente 200 artículos de la reforma; la primera controversia fue presentada a inicios de febrero de este año.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

El organismo argumentó que dicho recurso pretende defender la autonomía del INE, además de también velar por la del Estado democrático contemplado en la “Norma Suprema”, es decir, la Constitución mexicana, debido al cúmulo de violaciones constitucionales que detectó a aproximadamente 200 artículos de la iniciativa, los cuales, aseguró, vulneran 25 disposiciones de tipo constitucional.

En dicha demanda, el INE solicita a la Suprema Corte que se otorgue una suspensión mientras ésta se pronuncia sobre las controversias encontradas por el órgano autónoma presidido por Lorenzo Córdova Vianello, haciendo que dicha modificación a leyes secundarias en materia electoral sea interrumpida en su aplicación.

La controversia constitucional presentada este jueves ante la SCJN contempla cuatro ejes principales. El primero de ellos, habla sobre la violación al debido proceso legislativo por el Congreso de la Unión.

El INE argumentó que hubieron “diversas violaciones graves” al procedimiento legislativo para aprobar el Plan B Electoral, provocando un impacto en “la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podí ser sometida al mismo”, refiriéndose a la aprobación fast track en la Cámara de Diputados.

También señaló que no hubo un respeto al principio de publicidad ni el deliberativo ya que, aseguró, se impidió la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En el segundo eje, el INE denunció la vulneración de autonomía e independencia del organismo por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que demanda la invalidez de gran parte de la reforma por las violaciones constitucionales que van en contra dichos principios.

Como tercer eje, la controversia refirió a la afectación en las condiciones de equidad y de otros principios regentes en las contiendas electorales, ya que, aseguró, el Plan B Electoral cuenta con cambios que afectan la certeza de los procedimientos durante comicios.

Y finalmente, el INE denunció la afectación a los derechos laborales que afecta el Plan B al personal del Instituto, ya que éste contempla el desmantelamiento de la estructura orgánica y la eliminación del 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

El organismo electoral concluyó depositando su confianza en la SCJN para que lleve a cabo un análisis constitucional que “restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”.

El pasado 1 de febrero, el INE presentó su primera controversia contra el Plan B Electoral, el cual fue aprobado y publicado el 2 de marzo de este año.

El INE informó que la demanda de controversia la interpuso porque el Plan B “merma la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata”.

Uno de los puntos que más critica el organismo electoral es que con la reforma se permitirá que las y los servidores públicos puedan intervenir en las elecciones pues no habría ninguna prohibición.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda”, argumentó el INE.

De esta forma, explicó el INE, considera que se le impide al ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda, las cuales, le son atribuidas en el Artículo 134 constitucional.

Además, el organismo electoral criticó la decisión de Morena de aprobar fast track el Plan B en la Cámara de Diputados, pues no cumplió “todas las etapas y formalidades”, por lo que “derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”.

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