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La 4T cede ante los intereses mineros

Vista aérea de uno de los “tajos” de la minera a cielo abierto anglo-canadiense Newmont-Goldcorp, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

La industria minera es la quinta actividad generador de divisas para el país con un volumen de negocios de 23 mil 579 millones de dólares (mdd) en el año 2021. Está por debajo de las divisas que dejan las industrias automotriz con 139 mil 842 mdd, electrónica 76 mil 450 mdd, remesas 51 mil 586 mdd, petroleras 28 mil 926 mdd, y está por encima de las entradas de capital que dejan el turismo (19 mil 797 mdd) y la industria agropecuaria (19 mil 668). Es muy poderosa. La Cámara Minera de México presume que genera 406 mil empleos y afirma que impulsa “el desarrollo y el bienestar de 696 comunidades donde se asientan sus operaciones”.

Pero las comunidades y pueblos donde se llevan a cabo las explotaciones mineras tienen otra versión de la realidad. La colectiva ¡Cambiémosla ya! que surgió hace dos años para exigir la modificación de la Ley Minera sostiene que el modelo extractivo minero es extremadamente depredador del territorio y afecta a las comunidades donde opera.

“Los impactos negativos de la industria minera en el país son irrefutables: devastación ambiental como los derrames en los ríos Bacanuchi y Sonora; los daños a la salud de la población por la contaminación del suelo y el agua; el despojo de tierras y recursos naturales de las comunidades y pueblos para instaurar sus proyectos… todo al amparo de la Ley Minera vigente, promulgada durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992”, señaló la colectiva ¡Cambiémosla ya! el pasado 18 de abril.

A su paso por el territorio, desgarra comunidades al introducir intereses mezquinos y devasta el territorio al desarrollar métodos agresivos de explotación de la tierra y los bienes comunes. Manuel Llano publicó un informe reciente en CartoCrítica sobre los pasivos ambientales de las empresas mineras. Encontró que en el periodo de 2004 a 2020, “el 55 por ciento de las operaciones mineras no tenían ni un sólo registro sobre emisiones al aire, sobre transferencia de contaminantes al agua, transferencia de contaminantes al suelo y sobre contaminantes en manejo o disposición final”; 23 por ciento no cuentan con información sobre los depósitos de jales que tienen; además, 62 por ciento de las operaciones no tenían una concesión de aprovechamiento de agua. La mayoría, precisamente el 72 por ciento, de las operaciones se realizaron sin un permiso de descarga de aguas residuales; 61 por ciento no publicó un sólo registro en 17 años sobre emisiones al aire; 80 por ciento no informaron en ese mismo lapso de tiempo sobre contaminantes al agua; 82 por ciento omitió reportar sobre contaminantes al suelo y el 73 por ciento no entregó un reporte sobre contaminantes en manejo o disposición final.

El marco legal propiciado por los gobiernos neoliberales, propiciaron que las actividades mineras se impusieran mediante el saqueo y en muchos casos, la violencia sobre las comunidades y pueblos donde se entregaron concesiones mineras, como señaló la doctora Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM): “Indudablemente ha habido un saqueo, pero además ha habido mucha violencia. Ha habido un despojo de la gente de sus tierras, de sus aguas, de sus propios medios de vida y de su salud. Entonces, no es que se lleven nuestros minerales, que sí es un tema, pero yo creo que el tema más fuerte es que se despoja, se destruye, se mata, y eso es legal en el marco de la Ley Minera actual” (https://www.sinembargo.mx/12-04-2023/4348150).

Por eso era tan importante modificar la ley vigente desde 1992. El pasado 28 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar tanto la Ley Minera, como otras relacionadas como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Algunos cambios relevantes que incluía la iniciativa presidencial es que acotaba las concesiones a 15 años, a cambio de los 50 años que permitía la ley anterior, renovables por otro periodo; eliminaba privilegios de las empresas para el acceso a la tierra y al agua; y fortalecía el cuidado del ambiente, los sitios sagrados y los derechos humanos. Para varias organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa presidencial era un avance respecto al régimen anterior, aunque organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) la consideraban una iniciativa tímida y que no iba al fondo de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

A comienzos de esta semana el coordinador los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que no había tiempo para discutir a fondo esta ley en el actual periodo de sesiones que termina este mes. Pero de manera sorpresiva la noche del jueves 20 y madrugada del viernes 21 de abril, los diputados de Morena sometieron a debate y aprobaron la iniciativa que da pie a una nueva Ley de Minería. Sin embargo, lo hicieron introduciendo varios cambios significativos a la iniciativa que había enviado López Obrador. Entre otros aprobaron un régimen de concesiones por 80 años (no los 30 que proponía el presidente), además amplía a 80 años la vigencia de concesión de agua  cuando la iniciativa del AMLO planteaba permisos de cinco años y rebajaron significativamente las regulaciones ambientales.

Todo indica que los cambios ocurrieron por las presiones de los empresarios. La crónica de La Jornada sobre la aprobación de la nueva Ley de Minería revela que la nueva iniciativa ocurrió “Como resultado de una negociación con la Cámara Minera de México en la Junta de Coordinación Política, cuyos resultados se presentaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López” (https://bit.ly/3H6SY7U).

Es decir, el Gobierno de la Cuarta Transformación prefirió rendirse ante los reclamos e intereses de la industria minera que ante las exigencias y demandas históricas de las comunidades, pueblos y organizaciones que durante décadas han demandado el fin del extractivismo minero por la devastación y muerte que deja a su paso. Los intereses mineros se impusieron ante el bien común que el gobierno de la 4T dice representar.

Rubén Martín

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales.
Twitter: @rmartinmar
Correo: [email protected]

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