El Vocero de la FGJ-CdMx, Ulises Lara, recordó en entrevista con Los Periodistas que las investigaciones que lleva a cabo la dependencia comenzaron a raíz de una denuncia realizada por una persona que fue víctima de las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. Detalló que toda la información presentada hasta el momento tiene como objetivo mostrar a la opinión pública cómo opera este grupo en la demarcación.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), respondió a la cúpula de Va por México, que este día dio espaldarazo a Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez quien es investigado por su presunta participación en el Cártel inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la demarcación que involucra a connotados panistas, y aseguró que la dependencia no actúa con base en en las emociones, sino en apego a las normas.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también Coordinación de Asesores de la FGJ-CdMx rechazó que exista una persecución política en contra de Santiago Taboada, tal y como lo afirmaron esta tarde dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y recalcó que la Fiscalía no trabaja en busca de venganza.
“Nosotros reaccionamos sobre la base del criterio jurídico, de la protección a los ciudadanos y particularmente a las personas que han sido víctima de algún delito. No personalizamos, pero tampoco somos ajenos al dolor humano, sería incorrecto suponer que como personas estamos ajenas a la situación que vive cuando alguien sufre un delito, pero no actuamos sobre la base de las emociones, no trabajamos por la venganza, ni por la satisfacción de una persona que se siente ofendida o agravada por parte de otra, lo hacemos con base en lo que nos plantea la norma”.
El Vocero de FGJ-CdMx recordó que las investigaciones que lleva a cabo la dependencia comenzaron a raíz de una denuncia realizada por una persona que fue víctima de las autoridades en la Alcaldía Benito Juárez y detalló que toda la información presentada hasta el momento tiene como objetivo mostrar a la opinión pública cómo opera este grupo en la demarcación.
“Lo que hemos presentado ante la opinión pública es la denuncia de una persona que fue víctima de autoridades en la Alcaldía Benito Juárez para la construcción un desarrollo y con base en esta información hemos presentado a la sociedad lo que ya veníamos trabajando como un esquema, una lógica de operación desde la propia Alcaldía para hacerse de recursos y de bienes. Lo que hemos estado haciendo es mostrar cómo era este sistema de operación”.
Ulises Lara insistió en que no se trata de un tema político, pues dijo, las investigaciones en contra de algunos exalcaldes de Benito Juárez y exfuncionarios son en respuesta a una demanda ciudadana.
“No hay política en esto, hay legalidad, hay acción jurídica, hay respuesta a una demanda ciudadana y eso es lo que hemos estado haciendo. Seguiremos trabajando, hay otros actores, más de carácter empresarial involucrados”.
El pasado 2 de mayo, Ulises Lara dio a conocer que un testigo protegido reveló que Santiago Taboada, actual Alcalde de Benito Juárez, fue señalado de formar parte del Cártel Inmobiliario. Además de señalar directamente a Taboada, el denunciante también mencionó a Christian Von Roehrich, Nicias René Aridjis Vázquez y el Diputado Jorge Romero Herrera de participar en esta red.
Un empresario del sector de bienes raíces declaró que en diciembre de 2018 —momento en que Taboada ya figuraba como Alcalde de Benito Juárez— fue citado en un edificio delegacional con motivo de los daños en inmuebles provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
“El nuevo Alcalde nos citó en sus oficinas del edificio BJ-2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación, ya que había tenido daños por el sismo; se tenía un presupuesto por 25.6 millones de pesos, aunque según se avanzara en las obras, el presupuesto de la obra aumentaría”, confesó.
Las obras pertinentes comenzaron en febrero de 2019 y concluyeron en noviembre de ese año; sin embargo, de esos más de 25 millones de pesos que costó la obra, únicamente recibieron 15.5 de parte de una empresa cercana a la Alcaldía, por lo que quedó un adeudo de 10 millones.
Ante los señalamientos, la cúpula de Va por México respaldó a Santiago Taboada y anunció que denunciará a la Fiscal y a su vocero por las acusaciones que hicieron en su contra.
En una conferencia de prensa, Santiago Taboada informó que ya tiene una denuncia contra la FGJ-CdMx porque “no tiene nada que esconder”.
“Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Acá está la prueba de cómo este Gobierno de mentiras ha ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. No una vez, sino 15 ocasiones desde agosto de 2021 porque perdieron la elección en junio [2021]”, señaló.
Ambas dirigencias, tanto del PAN como del PRI, acusaron una persecución política en contra de Taboada por su presunta participación en el caso de corrupción del Cártel Inmobiliario.
“Queremos mandarle un mensaje muy claro al Presidente [Andrés Manuel] López Obrador: que pare su persecución. Queremos decirle a Claudia Sheinbaum con toda claridad que ya se detenga en su intento de destruir […] tratando de apagar la luz de otros”, dijo Marko Cortés en su turno.
Ante esta situación, Ulises Lara indicó que en el caso del Diputado Jorge Romero, la Fiscalía no ha realizado ningún señalamiento hacia su persona y recordó que las acusaciones fueron hechas por un empresario.
“El día que presentamos la información del empresario, él es el que señala de manera puntual, que recibió una solicitud para mejor un precio de un bien de un departamento que sería destinado para un familiar del Diputado, nosotros no lo decimos, está formando parte de la investigación, sí”.
Finalmente, el Vocero de la FGJ-CdMx volvió a insistir en que la dependencia no actúa en contra de ninguno de los señalados por un tema personal y agregó que será un juez el responsable de determinar responsabilidades.
“Nosotros no hemos actuado en ninguno de los casos, ni contra ninguno de los funcionarios en algún tipo de comentario de orden personal. Nuestra responsabilidad jurídica y social es importante, vamos por el tema del delito, qué es lo que lo configura y cómo actúa y vamos a buscar la responsabilidad que dentro de ese marco existe, lo vamos a señalar y será el juez, una vez escuchado a las partes, quien determine si existe o no delito y si hay una sanción que vaya con la misma”.
De acuerdo con una investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el modus operandi del Cártel Inmobiliario implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos.
Este esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y el actual Alcalde Santiago Taboada.
Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez