En el lapso de unos días se anuncia la disolución de Notimex, el Presidente argumenta contra la existencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información, INAI, y algunos críticos de la 4T exigen el fin de las mañaneras. Cada uno de estos tres frentes de confrontación obedece a su propia lógica, pero en conjunto son el reflejo de un fenómeno más amplio: el fin de un esquema que operó durante décadas entre el Gobierno y la sociedad en materia de información. Y tampoco es algo que sorprenda; las visiones de país opuestas convierten en campo de batalla los procesos de formación de la opinión pública. Un modelo está muriendo sin que uno nuevo termine por consolidarse.
El caso de Notimex es quizá el menos trascendente para efectos del debate sobre la información, salvo claro, para los empleados directamente involucrados. Pero es cierto que la noción de una agencia informativa del Estado comienza a ser anacrónica en sociedades complejas y abiertas, particularmente con la existencia de las redes sociales. Algunas agencias originalmente estatales como AFP y EFE (del Gobierno francés y del español, respectivamente), han obtenido una relativa autonomía del Estado para que su cobertura no dependa del Gobierno en turno. Pero no es el caso de las agencias china o rusa, esencialmente instrumentos de propaganda de su Gobierno.
Notimex nunca se vio libre de tal sospecha. Y no es casual que la mayor parte de su existencia hubiese transcurrido como un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pese a todo, en sus mejores épocas Notimex cumplió tareas útiles: su red de corresponsales nacional y en el extranjero era más vasta que la de cualquier medio de comunicación. Para diarios y noticieros era una fuente utilizable salvo en temas explícitamente políticos.
Asumiendo que en los tiempos que corren es menos defendible la idea de una agencia oficial de información, resulta lastimoso, no obstante, que se llegue a ello como resultado de un conflicto laboral, entre acusaciones de corrupción e intolerancia. Seguramente Sanjuana Martínez, la directora enfrentada a la huelga de trabajadores, tiene razón cuando afirma que la institución estaba plagada de malas prácticas, como también es cierto que la valiente y apasionada exreportera carecía de la experiencia o el talante para gestionar un conflicto laboral de tales proporciones.
Mucho más polémico resulta el caso del INAI. A diferencia de Notimex, el Instituto de Transparencia es un organismo en proceso de maduración; imperfecto pero útil. Forma parte de un esquema más amplio que obliga a la administración pública, por ley, a entregar información sobre sus actividades a partir de solicitudes del resto de la sociedad. Durante estos años ha sido la vía para que reporteros obtengan respuestas de autoridades empeñadas en negarlas o para que particulares tengan elementos para defender sus gestiones. Independientemente de ideologías o del régimen vigente, es obvio que se trata de instituciones incómodas para cualquier Gobierno; las autoridades y los políticos prefieren operar sin tener que transparentar todos sus actos.
Sin embargo, la molestia del Presidente va más allá de ello. A su juicio, el INAI y otros organismos de rendición de cuentas y equilibrio de poderes entre la sociedad y el Estado, han servido esencialmente para dar una pátina de credibilidad a un sistema político que, en el fondo, legitimó la desigualdad social. Mientras nos entreteníamos creando instituciones de tipo europeo, nos desentendíamos de miserias e injusticia propias de África. ¿Cómo es posible que se hable de entramado de instituciones democráticas que no hicieron nada para mejorar la situación de las mayorías? Y, por otro lado, AMLO está convencido de que ha sido una herramienta utilizada por sus adversarios para entorpecer y golpear a su Gobierno.
Seguramente no anda desencaminado el Presidente, pero eso no significa que el INAI debiera desaparecer. Y menos aún con el argumento de que la Mañanera hace innecesaria cualquier otra instancia de transparencia porque en ella se responde a cualquier duda. Para empezar, la administración pública es demasiado compleja para ser desahogada en una sesión diaria; el INAI procesa miles de peticiones de personas físicas y morales, muchas de las cuales no tienen acceso a esas conferencias en Palacio Nacional. Y, además, porque las ruedas de prensa del Presidente son menos un mecanismo de rendición de cuentas y más un ejercicio de difusión y propaganda de las posiciones oficiales. Tan es así que él mismo ha dicho que el Gobierno ya no necesita gastar en publicidad porque tiene las mañaneras.
Pero incluso si fuera cierto, el Presidente tendría que asumir que este espacio y su estilo remiten a sus peculiaridades personales y difícilmente son reproducibles con esas características en los siguientes sexenios. Su responsabilidad como Jefe de Estado es dotar a la administración pública de instituciones y leyes permanentes para facilitar la transparencia y el acceso del público a los actos de Gobierno, independientemente del partido en el poder. El reto es mejorar el INAI, no desaparecerlo.
Y, por lo que respecta a las mañaneras, resulta absurda la pretensión de eliminarlas, como solicitan algunos críticos. Los periodistas tendríamos que haberlas aprovechado mejor, porque con todo y sus defectos, es un acto de comparecencia inusitado por parte de un gobernante. Se vale cuestionar los dichos del presidente o las acusaciones que suelta con tanto desparpajo; pero no el hecho de que exista la posibilidad de tal espacio.
En materia de información, como en tantos terrenos, el gobierno de la 4T ha sacudido las convenciones imperantes. Claramente el de López Obrador fue un periodo de transición, en el que todo pasó casi exclusivamente por el propio Presidente. Tiempos extraordinarios que, en la lógica de AMLO, obligaron a convertirse en su propio vocero para contrarrestar las muchas resistencias y ataques a su proyecto de cambio. Quizá, pero los tiempos extraordinarios y los cambios necesitan institucionalizarse para consolidarse. El próximo Gobierno tendrá un importante desafío para construir un nuevo modelo en la relación entre Gobierno y sociedad. Un modelo que dependa menos del voluntarismo del soberano, o de la opacidad de los gobiernos anteriores, y más de la necesidad de los gobernados, llámese pueblo o sociedad, para estar informados de los actos de sus autoridades. Por lo pronto, nos encontramos en las turbulentas aguas de esa transición.
Jorge Zepeda Patterson
Es periodista y escritor.