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Presidencia pide a SCJN resolver Ley de Comunicación de 2018 antes de debatir Plan B

La Consejería Jurídica de la Presidencia mexicana quiere que se evite la emisión de “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La Presidencia de la República ha solicitado a la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que retrase la discusión del proyecto de invalidación del Plan B de la Reforma Electoral.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) señaló que primero debe el pleno de la Suprema Corte debe de resolver primero una impugnación contra la Ley General de Comunicación Social (LGSC), la cual fue presentada desde el 11 de mayo de 2018, para después analizar la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre del año pasado.

En un comunicado, la oficina jurídica de la Presidencia señaló que la LGCS fue aprobada antes de las elecciones federales de 2018 por las mayorías parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), hecho que fue cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano ya que presuntamente “existieron vicios en el procedimiento legislativo” y que algunas de sus disposiciones no son acordes a la Constitución.

Ya que la SCJN consideró que la mencionada Ley era una “norma general y abstracta” y no contaba con carácter electoral, no concedió la suspensión solicitada. Hasta la fecha, señaló la CJEF, no se ha dictado una sentencia definitiva.

“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, concluyó.

El día de ayer, el Ministro Alberto Pérsz Dayán propuso anular la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, dicha sección se encuentra suspendida y no aplicará para las próximas elecciones de junio en el Estado de México y Coahuila.

El proyecto de sentencia del Ministro considera que existen seis violaciones graves al procedimiento legislativo, por lo que propone invalidar las reformas a leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

La propuesta señala que hubo irregularidades a los reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y que las faltas son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución.

“Al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación del procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”, señaló.

Dichas faltas y violaciones al procedimiento legislativo no serían “superables”, por lo que afectarían de manera sustancial el principio de deliberación entre las partes.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ellos el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, dijo.

En respuesta a ello, la Presidencia de la República cuestionó la filtración de dicho proyecto resolutivo propuesto por el Ministro de la Suprema Corte.

En un comunicado, el Gobierno mexicano señaló que, si bien al Acuerdo General número 18/2006, los proyectos de sentencias de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) constituyen información reservada, entonces quién pudo haber filtrado el documento de sentencia y con qué propósitos.

“¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información? Son cuestionamientos que la SCJN debe responder al pueblo de México”, señaló la Presidencia.

Señaló que el acto de la Suprema Corte fue de irresponsabilidad y no de transparencia, ya que dicho procedimiento judicial continúa en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos a resolver en el pleno, lo cual viola el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, citando al númeral 2.5 que prohíbe a las y los ministros, así como otros funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre algún asunto público.

La Presidencia señaló que espera que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna correspondiente con el fin de deslindar responsabilidad y evitar este tipo de conductas.

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