Por Christian Leuprecht y Guadalupe Correa-Cabrera*
Nota: El presente texto se publicó en inglés en el periódico canadiense National Post el 14 de abril de 2023. La versión original se puede encontrar en: https://nationalpost.com/opinion/opinion-extension-of-the-safe-third-country-agreement-is-good-news-but-more-immigration-reform-is-needed.
Con el objeto de lograr un flujo más ordenado de la migración irregular e indocumentada, Estados Unidos y Canadá han decidido renegociar y extender su denominado Acuerdo de Tercer País Seguro (ATPS) y ahora podrán rechazar a los solicitantes de asilo que intenten cruzar por puertos fronterizos no oficiales localizados en la frontera norte estadounidense. Bajo este renovado ATPS, las solicitudes de asilo deberán realizarse ante una agencia canadiense antes de cruzar a Canadá desde Estados Unidos y viceversa.
En otras palabras, los dos países pueden ahora regresar a los solicitantes de asilo que intenten cruzar la frontera de forma irregular o sin autorización. Contrario a lo que opinan muchos, este “nuevo acuerdo” representa buenas noticias para los migrantes y para el continente americano en general. Con el objeto de evitar la anarquía fronteriza del desorden, la renegociación del ATPS confirma tres principios fundamentales de un sistema migratorio justo y sostenible: el procesamiento ordenado de los solicitantes de asilo, el debido proceso y el Estado de Derecho, así como el uso eficiente y efectivo de recursos públicos escasos.
Los grupos defensores de migrantes frecuentemente apoyan el principio de “fronteras abiertas”. El razonamiento detrás de este principio implica que a cualquier persona que se presente en la frontera debería permitírsele el ingreso para el procesamiento de su solicitud de asilo. Sin embargo, la decisión de presentarse en la frontera no parece ser aleatorio o fortuito. En realidad, el principio darwiniano de la “supervivencia del más apto” es fundamentalmente incompatible con la protección efectiva de refugiados y solicitantes de asilo. Entonces al evitar el acceso desigual sólo para los que pueden pagar su ingreso, la renegociación del ATPS parece ser un importante avance hacia un proceso más justo para las personas migrantes vulnerables que necesitan genuinamente de protección internacional.
Cabe destacar que, bajo el marco del derecho doméstico o internacional, no existe una definición internacionalmente aceptada del término “migrante”. Al contrario, el uso indiscriminado e inexacto de este término, ignora fundamentalmente el proceso democrático a nivel sociopolítico que define el estado de no-ciudadanía, el cual determina las condiciones de admisibilidad que distinguen a los migrantes indocumentados de los inmigrantes económicos, refugiados y solicitantes de asilo.
Los Estados en general tienen obligaciones legales y morales diferentes para los inmigrantes y refugiados, y éstas deben considerarse seriamente al procesar las solicitudes de entrada a un país. Bajo el derecho doméstico e internacional, estas obligaciones dependen de criterios diferenciados según se trate de vulnerabilidades humanas, necesidades laborales u otras consideraciones éticas y materiales.
La percepción pública de un alegado “salto de fila” en Roxham Road, representa un vacío legal y cuestiona la legitimidad del sistema migratorio mismo al poner en jaque la protección y justicia hacia los más vulnerables con base en el Estado de Derecho. No obstante las opiniones contrarias, la migración irregular pone en riesgo la integridad, sostenibilidad y legitimidad del “contrato social” bajo el cual se fundamentan los regímenes migratorios domésticos. Dicho contrato mantiene la integridad de las fronteras que delimitan a los estados-nación, y permite la socialización política y económica, así como la integración exitosa de los migrantes en los países de destino. Del mismo modo, asegura la justicia social y el beneficio colectivo de la migración al promover la prosperidad.
Estas son las piedras angulares de un régimen legal que dio la bienvenida a un número récord—un millón aproximadamente—de personas (entre inmigrantes y residentes no permanentes) a Canadá en 2022. Cabe destacar que encuestas recientes muestran que la percepción de que un Gobierno es incapaz, o no se compromete con el manejo ordenado de las fronteras, provoca una reducción visible en el apoyo popular hacia la migración legal y puede ser detonante de populismos nativistas que ponen en duda peligrosamente la sostenibilidad del sistema migratorio en su conjunto.
Con un crecimiento esperado de la población en el Sur Global de aproximadamente 2.5 mil millones en los próximos 25 años, dicho sistema se sometería a presiones sin precedentes. Ahora mismo el número de personas que buscan asilo o estatus de refugiados en el Norte Global excede significativamente las capacidades fiscales y sociales de los países de destino. El sistema de refugio que prevalece actualmente fue resultado de los acuerdos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial en reconocimiento de que algunas personas merecen protección temporal. La evidencia actual en Canadá y Estados Unidos muestra que una gran cantidad de solicitantes de asilo no buscan protección temporal, sino que su intención es la de inmigrar de forma permanente.
En un mundo en el cual el traslado internacional puede llegar a ser relativamente fácil y no tan costoso, los esquemas de asilo y refugio se han convertido en una especie de puerta trasera de acceso para los migrantes económicos que bajo los sistemas legales actuales no son admisibles y no califican bajo las excepciones que les permitirían procesar su petición de asilo en un puerto de entrada oficial.
En 2022, por ejemplo, 40 mil personas cruzaron de forma irregular a Canadá desde Nueva York a través de Roxham Road, cuya ubicación convirtió a este espacio en un puerto semi-oficial de entrada irregular. Cabe destacar que casi la mitad de ellos habían entrado a los Estados Unidos de forma legal. En Roxham Road, las solicitudes de cerca del cuarenta por ciento de los que cruzan son rechazadas. No obstante que este porcentaje se encuentra por encima del promedio, antes del renovado ATPS, no se solía rechazar la entrada incluso a aquellas personas con solicitud denegada.
En realidad, el número de migrantes económicos—para todo tipo de tareas y propósitos—es bastante elevado. Muchos de ellos solicitan asilo y en general vienen de países afectados por el conflicto, la corrupción y el deterioro económico tales como: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros. Es conocido que amplias redes sofisticadas de tráfico de migrantes—que se definen así de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Transnacional—lucran con la miseria de estas personas. Y lo hacen conociendo perfectamente que no es ilegal hacer una solicitud de asilo aún cuando se recurra a los servicios de un traficante de personas o incluso se incurra en fraude de identidad. Los miembros de las redes de tráfico humano saben cómo obtener ventaja de este proceso y de la necesidad de la gente.
La renegociación del ATPS entre Canadá y Estados Unidos desincentiva efectivamente la entrada ilegal (vía el tráfico de personas) o irregular (a través de la solicitud de asilo) en Roxham Road. Los solicitantes de asilo que efectivamente califican según las excepciones establecidas pueden aún presentar sus solicitudes en Lacolle, Quebec, donde se encuentra el puerto de entrada más cercano. El renovado ATPS revela las paradojas del esquema de frontera abiertas: la gobernanza a través de la cooperación bilateral y binacional es esencial para asegurar la seguridad, prosperidad y democracia, al tiempo que mitiga la explotación de migrantes en graves condiciones de vulnerabilidad.
En preciso reconocer que el Acuerdo de Tercer País Seguro (ATPS) entre Canadá y Estados Unidos no es la panacea. Su efectividad se sustenta en: acciones coordinadas para asegurar su ejecución en la zona fronteriza y más allá de la misma; acciones bilaterales y trilaterales en Norteamérica para resolver también la problemática en la frontera México-Estados Unidos; la implementación de reformas de largo alcance a la Convención de Naciones Unidos sobre Refugiados, y una reforma comprensiva al sistema de asilo en Estados Unidos. En este contexto, es necesario asegurar un mucho mayor acceso a vías legales para la migración en el Norte Global, donde los trabajos son abundantes y la demanda por mano de obra no-calificada es alta. Es también indispensable atender las causas de raíz de la migración indocumentada.
Las víctimas que necesitan genuinamente de protección internacional deben contar con oportunidades efectivas—y en condiciones de igualdad—para presentar su solicitud legalmente en los lugares pertinentes, al tiempo que las personas en movimiento deben hacerlo en el primer país donde sea seguro para ellos. En lugar de las guerras ideológicas fútiles sobre el ATPS que intentan estigmatizar las desigualdades entre los sistemas canadiense y estadounidense, sería mucho más productivo avanzar hacia una reforma comprehensiva de los sistemas migratorios en Norteamérica y a nivel internacional. De esta forma, se podrían prevenir tragedias humanitarias mayores, tales como la reciente masacre en un centro de detención de Ciudad Juárez en México donde murieron (en un incendio) decenas de personas, o el ahogamiento de ocho migrantes en el río St. Lawrence hace un par de semanas.
*Nota: Christian Leuprecht es Profesor en el Royal Military College de Canadá y Queen’s University, y es también senior fellow en el Macdonald-Laurier Institute. Su próximo libro se titula Security. Cooperation. Governance: The Canada-United States Open Border Paradox. Guadalupe Correa-Cabrera es Profesora en la Escuela Schar de Política y Gobierno en George Mason University. Su próximo libro se titula Coyotes LLC: The Industry of Human Smuggling and its Transnational Crime Networks. Ambos autores son inmigrantes naturalizados en Canadá y Estados Unidos respectivamente.
Guadalupe Correa-Cabrera
Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.