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La Ley Minera que pondrá al desnudo al Congreso

En 1992, a iniciativa del Presidente Salinas de Gortari, hace más de 30 años, se estableció que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio; es decir, que la exploración y explotación de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades están desarrollando, sea vivienda, agricultura, turismo, manejo forestal o cualquier otra; eso estableció la Ley Minera salinista en su artículo 6. En la misma lógica, el artículo 19 dispone que el sólo hecho de tener una concesión minera otorga derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras y otras. Y, por si fuera poco, el artículo 15 establece que esta situación durará hasta 100 años, pues fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual.

De esta manera, el salinismo y los grupos empresariales mineros ligados a ese Gobierno, provocaron que la exploración y explotación minera en México se haya convertido en una violación sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas al uso y disfrute de su territorio, a la consulta previa, libre e informada, así como a sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento del agua, a la seguridad y a la vida.

En un régimen que ha dado prioridad a los ingresos sobre los derechos humanos se argumenta que la minería aporta a la economía del país. Sin embargo, los ingresos fiscales por esta actividad son de alrededor de 74 mil millones de pesos generando ingresos por divisas de poco más de 18 mil millones. Es decir, si se duplica el impuesto al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas -como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud- además de reducir el consumo de estos productos que son la principal causa de enfermedad y muerte en México, se estarían ingresando recursos fiscales, en total, del doble que ingresan por toda la industria minera que sólo genera destrucción, contaminación, daños a la salud y descomposición social.

El beneficio de la actual Ley Minera no ha sido para el país, ha sido para una pequeña élite. La nueva iniciativa presidencial enviada al Congreso para una nueva Ley Minera recoge y profundiza las demandas de las comunidades, organizaciones y expertos que han enfrentado a esta industria respaldada por un marco legal que la pone por encima de los derechos de las comunidades.

La respuesta de los diversos grupos parlamentarios en el Congreso frente a esta propuesta respaldada por la amplia red de organizaciones y expertxs agrupadxs en el colectivo nacional formado desde hace cuatro años, “!CAMBIÉMOSLA YA!”, mostrará quienes les siguen sirviendo a las elites apoyando prácticas depredadoras, apoyando la violación de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades, de la destrucción ambiental, será un termómetro sobre su conflicto de interés y el grado de interferencia de estas élites en el Congreso. Veremos de qué lado estará cada partido político, cada legislador.

Las concesiones otorgadas y los proyectos mineros existentes a partir de la Ley salinista vigente han llevado a numerosas comunidades, pueblos y organizaciones a emprender importantes luchas de resistencia contra los proyectos mineros autorizados en sus territorios, muchas veces, a costa de la vida. Entre estas luchas podemos mencionar algunas como la del Frente amplio opositor contra la minera San Xavier en San Luis Potosí, una de las primeras luchas contra la minería a cielo abierto; la de la comunidad nahua, ejido Tecoltémic, en la Sierra Norte de Puebla; las de las comunidades y movimientos de Morelos contra una concesión otorgada en el sitio arqueológico de Xochicalco y que compromete el agua de los morelenses, de las comunidades chontales del sur de Oaxaca y  de los pueblos mè’phàà y na´savi, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, entre muchas, muchas más.

La iniciativa enviada por el Presidente retoma las demandas del colectivo ¡CAMBIÉSMOLA YA! y las profundiza al establecer: 1. que las concesiones se realicen mediante concurso público con base en lineamientos establecidos por Semarnat, Conagua, INPI y STPS buscando el beneficio para la población y la preservación y restauración del medio ambiente; 2. Se elimina el carácter preferente de la actividad minera; 3. Se sustituye la expropiación de los terrenos por parte de los concesionarios por un acuerdo entre ellos y las personas propietarias o titulares de los terrenos, obligando a las empresas a una contraprestación de al menos el 10 por ciento de sus ganancias; 4. Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión por un lapso similar; 5. Se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica dando prioridad al uso y consumo humano; 6. Quedan prohibidas estas actividades en áreas naturales protegidas; 7. Las concesiones mineras podrán cancelarse cuando la concesión de agua ponga en riesgo el abasto para consumo humano, cuando exista un riesgo de desequilibrio ecológico o para la salud de la población; 8. Se establece la obligatoriedad de evaluar los impactos ambientales y sociales, de realizar un informe anual de las descargas señalando en detalle su composición química; 9. No se otorgarán prórrogas a las concesiones existentes actualmente en áreas naturales protegidas ni para las ya emitidas para la exploración, explotación y beneficio del mercurio dentro del territorio nacional.

La iniciativa desnudara a los legisladores en cuanto a los intereses por los cuales están ahí en el Congreso, si están para servir a la Nación, al interés público, o están ahí para servir a intereses privados y congraciarse con estos intereses, como lo han demostrado ya diversos legisladores y funcionarios.

Agradezco la información proporcionada a Cecilia Navarro y el colectivo ¡CAMBIÉSMOLA YA!

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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